El Ayuntamiento de Gandia no acatará el requerimiento remitido por la Conselleria de Justicia y seguirá, por tanto, con las emisiones de Gandia Televisió en tecnología digital. Los servicios técnicos municipales preparan ya una respuesta en la que detallar a la conselleria los argumentos municipales para mantener la señal digital de la televisión pública local. Principalmente, el de "garantizar que los vecinos puedan seguir informándose a través de su televisión pública", un "derecho fundamental que se les había negado por razones de carácter técnico y administrativo".
La paralización del procedimiento administrativo para la adjudicación de las licencias de TDT en la Safor (en otras comarcas vecinas se adjudicaron hace ya 4 años) impiden por el momento la puesta en marcha de ninguno de los 4 canales que corresponden a la demarcación de la comarca: el público y 3 privados. Ante esta situación, el gobierno de Gandia decidió la semana pasada propiciar el salto de la televisión municipal al TDT, hasta que la futura Telesafor, gestionada a través de un consorcio entre Gandia y Oliva, recoja el testigo una vez la conselleria acabe el procedimiento administrativo.
El lunes, la conselleria remitió al consistorio un requerimiento dando un plazo de 5 días para el corte de las emisiones, por carecer aún de permiso. Una vez que el ayuntamiento ya ha anunciado que no acatará la orden, la conselleria abrirá un expediente sancionador que se podría sustanciar con multas de hasta un millón de euros.
Ayer, el ayuntamiento expresó su "sorpresa ante la celeridad de la Generalitat" en emitir el requerimiento, "esperando que en todos los casos mantenga este celo en la instrucción de otros expedientes".
El gobierno municipal recordó el sabotaje sufrido desde el viernes por Gandia Televisió, cuya señal permaneció interferida durante cerca de 48 horas poco después de haber iniciado sus emisiones digitales. El ejecutivo local asegura que los informes técnicos recabados concluyen que las emisiones que boicotearon la señal del canal público procedían de Tele 7, propiedad de un grupo empresarial próximo al líder del PP, Arturo Torró.
