El próximo jueves, las "Casetes dels Pescadors" del Puig serán historia. Finalmente, los propietarios de las 49 casas asumirán el derribo de las viviendas ordenado por el TSJ en aplicación de la Ley de Costas. Y, por lo tanto, el Ministerio de Medio Ambiente no tendrá que actuar "de oficio", contratando la maquinaria para ejecutar la demolición y pasándole posteriormente el coste a los afectados.
Esta última posibilidad la contempló hace unas semanas la jefa de la Demarcación de Costas de Valencia, Lidia Pérez, al explicar que si el día 29 de septiembre los habitantes de las casitas no cumplían con la orden judicial, sería el ministerio quien lo haría. Pero, al final, no ha hecho falta llegar a este extremo. Tras una nueva reunión entre Costas, el alcalde del Puig, José Miguel Tolosa, y los habitantes de las antiguas barracas, estos decidieron contratar a una empresa de demolición para llevar a cabo la demolición. El coste de la misma no ha trascendido, pero luna de las propietarias aseguraba que iba a tener que pagar "entre 8.000 y 9.000 euros".
