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Pego devolverá a sus vecinos al menos tres millones de euros de IBI tras anularse el ´catastrazo´

El alcalde culpa a la Dirección General del Catastro del cobro indebido de impuestos y del quebranto económico que ahora sufrirá el ayuntamiento

 

ALFONS PADILLA PEGO
El catastrazo de 2007 ha hecho en Pego más daño que una pedregà. La revisión de los valores catastrales primero castigó los bolsillos de los vecinos. Los recibos del IBI y otros impuestos se dispararon. Y ahora que la anulación de la ponencia es firme, el catastrazo le pasa factura al ayuntamiento, que, según los primeros cálculos, deberá devolver a los vecinos entre 3 y 4 millones de euros cobrados indebidamente de IBI durante los últimos tres años. Además, los ingresos por este impuesto, que ahora mismo son los más importantes para cualquier consistorio, caerán en picado, pues la ponencia en vigor vuelve a ser la de 1990.
Sin embargo, fue el ayuntamiento el que recurrió la revisión del catastro de 2007 al considerarla injusta, y logró que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le diera la razón y anulara los nuevos valores. El consistorio ha luchado hasta el final para que esa sentencia fuera firme.
Ayer, el alcalde, Carmelo Ortolá, de Ciutadans de Pego, y sus socios de gobierno del PSPV y el Bloc anunciaron que, por fin, ha acabado la pesadilla del catastrazo, aunque también dejaron claro que el despertar será difícil. Ortolá explicó que la Dirección General del Catastro (Ministerio de Economía) ha desistido del recurso de apelación que presentó ante el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento ha ganado el contencioso, pero a un alto precio.
El primer edil insistió en que ha quedado contrastado que la Dirección General del Catastro cometió errores de bulto al revisar los valores. La sentencia del TSJ confirmaba que los nuevos valores de terrenos e inmuebles superaban los precios de mercado.
Así pues, durante tres años "se han cobrado impuestos según unas valoraciones mal realizadas, es decir, se han cobrado indebidamente unas cantidades que no son reales", aseguró Ortolá. "Por tanto, se debe cuantificar ese dinero y devolverlo a los contribuyentes". Además del IBI, los valores catastrales inciden en becas, plusvalías o en la declaración de la renta.
El gobierno de Pego dejó claro que toda la responsabilidad de esos cobros indebidos es de la Dirección General del Catastro. "Desde el ayuntamiento, vamos a seguir trabajando en defensa de los intereses de los ciudadanos. Recurriremos a todos los medios necesarios para dos cosas: que se devuelva hasta el último céntimo cobrado indebidamente a cada contribuyente y que, cuanto antes, se realice una nueva ponencia de valores, pero bien hecha".

En peligro los servicios básicos
La desastrosa revisión catastral de 2007 también deja al ayuntamiento muy tocado económicamente. El primer edil admitió ayer que, más que por los entre 3 y 4 millones que hay que devolver de IBI, el quebranto es por el dinero que, a partir de ahora, se dejará de ingresar. Dijo que están en peligro incluso los servicios básicos. "Y me refiero a los que son necesarios para que el pueblo funcione. Y de esto no tiene culpa el ayuntamiento, sino quien ha hecho mal la ponencia de valores", reiteró Ortolá.
El caso de Pego puede repetirse en otros pueblos de la Marina Alta. De hecho, Xàbia también está pendiente de una sentencia firme sobre su catastrazo de 2005.

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