El Ayuntamiento de Alginet ha hecho suya la reclamación de la Asociación de Víctimas AV3J, formada tras el accidente en la Línea 1 del Metro ocurrido el 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas, 3 mujeres de la Ribera, y resultaron heridas otras 47. El PP de Alginet, que dirige el gobierno local, ha aprobado junto a los cuatro grupos de la oposición, exigir al Consell que cumpla los acuerdos adoptados en el pleno de las Corts Valencianes celebrado el 14 de julio de 2006 y ejecute con carácter de urgencia "todas las inversiones comprometidas", que pasan, según el extracto del acta del pleno de la cámara valenciana, por adaptar los sistemas de seguridad de la Línea 1 con un incremento de la frecuencia de trenes y la implantación del sistema ATP, la elaboración de un proyecto de ley autonómica que regule la gestión, explotación, infraestructura, superestructura, coordinación de medios, material móvil, formación de maquinistas, planes de seguridad, avances tecnológicos y financiación aplicable a las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), así como la creación por ley de una agencia de seguridad de los medios de transporte.

No a la dimisión de Marisa Gràcia

Los populares de Alginet sólo pusieron peros a la exigencia planteada por AV3J de la dimisión de la gerente de FGV, Marisa Gràcia, a la que las víctimas consideran responsable del siniestro. No obstante, "como se veía una voluntad por parte de todos los grupos de intentar conseguir el mayor consenso posible en la reclamación ante la Generalitat [...] finalmente se aceptó suprimir la exigencia de dimisión", explica el portavoz de Iniciativa d'Esquerres d'Alginet (IdEA), Carles Bayarri.

La oposición recuerda en su moción que han transcurrido ya 4 años desde el accidente sin que se hayan completado todavía todas las inversiones comprometidas por el Consell, "medidas de seguridad necesarias para evitar que un accidente como aquel se volviera a repetir", explican. Además, ven con preocupación que la descapitalización de la compañía FGV, pues "la Generalitat no atiende a los compromisos financieros que tiene con la empresa, tal como se desprende del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana". Y es que, según señalan, la morosidad del Consell con esta empresa pública rozaba los 90 millones de euros entre 1996 y 2004.