Del maná del urbanismo de hace unos años, cuando se daban licencias a destajo, a las condenas judiciales que obligan a los dos principales ayuntamientos de la Marina Alta a hacer frente a indemnizaciones millonarias. Los tropiezos urbanísticos se pagan. Y a los consistorios de Dénia y Xàbia les están saliendo muy caros.
El portavoz del PP de Dénia y responsable de Hacienda, Vicente Chelet, reveló ayer que el ayuntamiento acaba de perder dos importantes pleitos urbanísticos. Aludió a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la que ya no cabe recurso. Ratifica que el consistorio debe indemnizar con 600.000 euros a los propietarios del suelo expropiado en la partida de Beniadlà para construir el hospital. En realidad, estos propietarios poseían 18.000 metros cuadrados de los 60.000 totales que se expropiaron.
El concejal popular también hizo público otro revés judicial. En este caso, el ayuntamiento debe devolver a un promotor los 75.000 euros que le cobró de excedente de aprovechamiento urbanístico en les Marines. Ya otros fallos anteriores obligaban a retornar esta tasa, que el actual gobierno (PP e independientes) suprimió.
El portavoz popular se refirió a estas sentencias de soslayo mientras lanzaba puyas contra el anterior pacto de PSPV y Bloc. Culpó de las sentencias a la ex alcaldesa Paqui Viciano, del PSPV, y a la disuelta gerencia de urbanismo. "Fue una etapa negra para el urbanismo de Dénia, en la que se dieron más de 2.500 licencias", dijo Chelet, que afirmó que en aquellos años se gastaron 400.000 ? en defensa jurídica.
El edil popular avanzó también que la auditoria económica de 2006 a 2008, los dos últimos años de la alcaldía de Viciano, ya está casi acabada, y desvela que en ese período se gastaron más de 15 millones de euros.
Pero el Ayuntamiento de Dénia no es el único que pena en los tribunales sus fiascos urbanísticos. El de Xàbia se enfrenta a una factura incluso más abultada. El Tribunal Supremo lo ha condenado a indemnizar con dos millones de euros a los promotores de un plan parcial en la Corona. Otra sentencia le obliga a indemnizar con 2,57 millones por una expropiación y una desclasificación de suelo en Capsades. En este último caso, los denunciantes no se conforman y exigen del consistorio 7 millones porque creen que se les debe abonar el valor catastral actual de los terrenos.
La oposición de Nueva Jávea auguró ayer que todavía llegarán más condenas judiciales. Su portavoz, Paco Català, acusó al gobierno local (Bloc-Centristes, PP y CpJ) de aprobar un documento consultivo (avance del nuevo PGOU) "económicamente insostenible". Dijo que las desclasificaciones de suelo y la imposibilidad de desarrollar sectores urbanizables reducen a cero el valor del suelo. "La recaudación se reducirá de forma drástica", vaticinó Català, quien expuso que la desclasificación del Saladar priva al consistorio de ingresar cada año en concepto de IBI 2,5 millones.
La edil de Nueva Jávea, Ana Vasbinder, dijo que será difícil hacer frente a las condenas judiciales, toda vez que las arcas están vacías y en el nuevo PGOU no hay terrenos urbanizables suficientes para compensar con suelo las indemnizaciones millonarias.
