La Conselleria de Medio Ambiente y Agua trasladó al Ayuntamiento de Bellús (la Vall d'Albaida, 385 habitantes) un convenio en el que, entre otras consideraciones, se establecían las condiciones de pago de la nueva depuradora de aguas residuales, cuya construcción acaba de ser anulada dos años después de haberse litado. Según este documento, al ayuntamiento no iba a salirle gratis la obra: debía retornar a la Entidat de Sanejament, en 25 años, el coste del proyecto, que tenía un presupuesto de 2.080.000 euros. La EPSAR establecía en el convenio un pago anual de 83.2000 euros. Este dinero debía ser recaudado por el ayuntamiento con la aplicación de un nuevo canon en el recibo del agua que en el documento se denomina como "tarifas de amortización". El convenio nunca llegó a firmarse por parte de Bellús por considerarlo un agravio comparativo con el resto de municipios. Su alcalde, Josep Vicent García, cree que en la conselleria "nunca han tenido ganas de construir esa depuradora y desde el primer momento todo fueron pegas", protestó ayer García, que ha denunciado "la marginación" que, en su opinión sufre Bellús por parte de las administraciones gobernadas por el PP: "Esto de la depuradora ha sido ya el colmo".
Desde el PSOE de la Vall d'Albaida se piensa llevar este convenio a la Corts Valencianes. El coordinador de la comarca, Jordi Vila, ha anunciado que pedirá al diputado Francesc Signes que presente una pregunta parlamentaria para saber si todos los ayuntamientos se tienen que pagar la depuradora o sólo los del PSOE. Vila, que es alcalde del Palomar, ha señalado que "hasta donde yo sé los ayuntamientos pagamos por el servicio que se presta, por los metros cúbicos que se tratan en la depuradora. Lo demás me parece una actuación fuera de lugar". Como informó ayer Levante-EMV, la EPSAR ha decidido anular el proceso de adjudicación que inició el 24 noviembre de 2008 y que la conselleria anunció ese mismo día como una obra que "evitará los vertidos sin depurar al cauce del río Albaida".
