Cada plaza que convoca un ayuntamiento en una época en que los diarios oficiales están huérfanos de estos anuncios por la crisis en las administraciones locales, que piensan más en recortar que en ampliar plantillas, abre una puerta a la esperanza de decenas, sino cientos, de opositores en paro, que se cierra de golpe para muchos de ellos, cuando comprueban las tasas que en concepto de derechos de examen están estableciendo algunos ayuntamientos.
Primero fue el consistorio de Rafelguaraf el que fijó una tarifa de 300 euros para concurrir a unas oposiciones de policía local. Y recientemente ha sido el de Guadassuar el que ha fijado en 250 la tasa de una prueba selectiva para cubrir una plaza de informático.
No son los únicos que han apuntado muy alto, ya sea para cubrir los gastos que genera una oposición, como alegan, o con la intención de reducir la competencia y propiciar que un interino se quede con la plaza, como insinúan los sindicatos.
El Ayuntamiento de Benicull aprobó en verano una modificación de la ordenanza que regula la tasa por derechos de examen y ha establecido en 220 euros la tarifa para presentarse a las pruebas de una plaza de los grupos A y B; en 180, si pertenece a los grupos C y D, y en 100 euros si la plaza es de la escala E. Cuanto se trata de plazas de personal laboral, la tarifa establecida tanto para fijos como para interinos es de 100 euros.
La tarifa de Benicull para una plaza del grupo A multiplica por siete la que fijó el Ayuntamiento de Algemesí en su ordenanza -31 euros cuando para una plaza en propiedad y 23 si son contrataciones temporales o interinos- y por casi cinco la tarifa de 50 euros que cobra Alzira en este mismo caso.
El alcalde de Benicull, José Francisco Damiá, admitió que fijar una tasa elevada tiene como objetivo realizar una criba previa pero, ya no para eliminar la competencia a alguna persona concreta, sino para que todos los aspirantes que se presenten tengan "un mínimo de preparación". Damiá señaló que hay opositores que acuden a todas las plazas que se convocan a probar suerte si la tasa es reducida, lo que alarga el proceso de selección -especialmente en plazas de policía local- y encarece las oposiciones. Tras defender que los precios que se han fijado en esta ordenanza "no son prohibitivos", señaló que así se consigue que se presenten aquellos "que realmente están preparados" y permite cubrir los gastos.
El establecimiento de estas tasas ha provocado un rechazo general de los sindicatos, que no han dudado en calificarlas de "salvajada". La propia presidenta de la Federación Valenciana de Municipios, Elena Bastidas, llegó a valorar como excesivos los 250 euros fijados en Guadassuar y apuntó la posibilidad de que la institución pudiera regular las tasas fijando unos márgenes orientativos.
