«Mentiroso», «desleal», «oportunista», «irresponsable» y «cacique». Estos son algunos calificativos que los representantes del PSPV-PSOE y Esquerra Unida, socios de gobierno en Xirivella, se dirigieron mutuamente en el pleno del jueves por la noche. Una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, vinculada al proyecto de ampliación del centro de salud, provocó que la tensión en el equipo de gobierno de los últimos meses saliera a la luz y derivara en una clara fractura. Ambos socios votaron diferente en diversos puntos y mantuvieron el enfrentamiento en toda la sesión, además de acusarse mutuamente de obstaculizar el proyecto del centro de salud. Casi al final, el portavoz del EU, Joan Antoni Pérez, lo abandonó, en protesta porque el alcalde Josep Soriano no le permitía replicar el tiempo que él estimaba necesario a las críticas que le lanzó desde el público un exconcejal socialista.

Aunque los desencuentros se vienen produciendo entre el PSPV y EU desde hace un año —como ya publicó Levante-EMV, se enfrentaron por un conflicto con la empresa de limpieza, entre otros— el detonante de la bronca de esta semana —la más fuerte de su historia de pactos en tres mandatos— fue una modificación del PGOU para que el vial junto al solar para ampliar el centro de salud pase de dominio privado a público. EU defendía que se preparó para que «la Conselleria de Sanidad no ponga más pegas al terreno ya que siempre ha tenido reticencias y así no tendrá que cambiar el proyecto», explica el edil Joan Antoni Pérez. El punto salió adelante con el voto de sus promotores, EU, y del Partido Popular, mientras que el PSPV-PSOE votó en contra. El solar en litigio es del Ministerio de Fomento y Xirivella espera que se desafecte y se le ceda al consistorio para entregarlo a Sanidad.

Los socialistas reprocharon a Pérez que hubiera preparado la modificación a sus espaldas y que convocara una comisión extraordinaria sin consenso. En concreto, Josep Soriano reconoce que se enteró del trámite el miércoles y pidió a Pérez que no convocara la comisión pero éste no le hizo caso. «Hace una semana todos coincidíamos en que la modificación no era necesaria y ahora hacen esta maniobra», opina Soriano. Para el PSOE, el cambio «sólo va a provocar retrasos en el proceso, por lo que es un despilfarro de recursos públicos para un fin partidista».