El juez de Primera Instancia e Instrucción del juzgado número 2 de la localidad ha absuelto a dos vecinos de Llíria por supuestos insultos y amenazas de muerte a la concejala de Urbanismo, Remedios Mazzolari y ha condenado a uno de ellos a cumplir una pena de 20 días de multa a razón de dos euros por levantar la voz en el plenario, alterando el orden.

"Estamos muy contentos porque sabíamos toda la verdad y ha quedado demostrado que ella mentía", han declarado.Los hechos se remontan al pasado 9 de septiembre durante un pleno municipal en el que se rechazó una moción de Iniciativa que pretendía paralizar el proceso de urbanización de Edeta, donde residen los acusados. Al finalizar el pleno la pareja se levantó y se dirigió a la edil, según recoge la sentencia, con las palabras "eres una mala persona. Nos has puesto una pistola a las familias para que nos vayamos de nuestras casas". Al día siguiente, Mazzolari interpuso una demanda por insultos y amenazas de muerte en la que declaraba haber escuchado "sinvergüenza" y "te mato a ti y a todos". "A los pocos días volvió al juzgado para ampliar la denuncia pero el juez no se lo admitió", advierte la acusada. Según el juez, estas palabras fueron pronunciadas en un clima de tensión y no tienen ánimo de injuriar, "tan solo expresan la difícil situación en la que se ponía a las familias con las decisiones adoptadas por el ayuntamiento".

El magistrado hace una llamada al orden y considera que constituyen simplemente una falta. El hombre intervino en el pleno porque es contrario al proceso de urbanización y "era la única manera que tenía de reprocharle lo que sentía en ese momento", comenta. La sentencia del magistrado deja claro que, tal y como había asegurado el equipo de gobierno, en ningún momento se profirieron amenazas de muerte ni a la regidora ni a sus compañeros del equipo de gobierno del PP. El caso de los vecinos de Edeta es el mismo que padecen muchas otras urbanizaciones de Llíria en las que se están desarrollando PAI que les obligan a hacer frente a unos pagos impuestos por el consistorio de hasta 1.800 euros al mes y que están llevando a muchas familias a la ruina, viéndose obligadas a vender o a hipotecarse de por vida.