Al Ayuntamiento de Piles le llueven los problemas judiciales, que están incidiendo además con contundencia en la hacienda municipal. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana acaba de condenar al consistorio a pagar más de 2 millones de euros por la expropiación de unos terrenos que el propio ayuntamiento había valorado en sólo 300.000. Para un ayuntamiento como el de Piles, cuyo presupuesto fue el último año de 2,8 millones, este fallo judicial supone un enorme contratiempo para su estabilidad económica. Tanto es así que el ayuntamiento ya ha abierto dos vías para intentar evitar tener que hacer frente ese desembolso, según explicó el alcalde, el socialista Vicent Ciscar: se ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al considerar "desproporcionado" el justiprecio fijado para los terrenos y el alcalde se mostró abierto a buscar con los propietarios una salida negociada, como permutar la parcela por otra o recalificarla.

Los hechos juzgados se remontan a 2006, cuando se tramitó el PAI Piles Poble. En ese contexto, el ayuntamiento denegó la petición de los propietarios de una parcela de 2.552,18 metros cuadrados para que ésta le fuera expropiada por la administración local, ya que los terrenos habían quedado calificados como de equipamiento público deportivo. Una vez iniciado el proceso judicial, los propietarios solicitaron una suma de 2.698.605 euros por la expropiación, mientras que el ayuntamiento tasó la parcela en sólo 302.433,33 euros.

Después, el Jurado Provincial de Expropiaciones determinó que el consistorio debía pagar 592.742,52 euros para expropiar los terrenos. Con ello, el fallo no contentó a ninguna de las dos partes, que presentaron sendos recursos.

Finalmente, la sentencia del TSJ eleva el justiprecio hasta 1.787.681,21 euros, que es la cantidad que tendrá que pagar el ayuntamiento a los propietarios si no prospera el recurso de casación.

La sentencia la difundió ayer el portavoz del principal grupo de la oposición, OIV-Cva, Pedro Román, quien apuntó que a esos casi 1,8 millones se sumarán otros 327.880,32 euros de intereses.

Decretos de alcaldía con descalificaciones a la oposición

El portavoz de OIV-Cva, Pedro Román, lamentó el "inconfundible estilo del alcalde" en sus respuestas. El concejal aludía al decreto de alcaldía con el que Ciscar contestó a una de esas solicitudes de información, que incluía aseveraciones valorativas, cuando no vejatorias, hacia el propio Román. Sirvan dos ejemplos: "La respuesta que se le realizó a su solicitud es completa, y si no sabe usted redactar, es su problema", afirmaba. "Si lo que se trata en la actualidad es de preguntar por los procedimientos en vía penal iniciados siempre por usted contra esta alcaldía o funcionarios del ayuntamiento, su cinismo es de tal envergadura que no merece contestación. Hágaselo mirar", decía en otro punto.