La empresa Terres de l'Horta, S. L., que pretendía construir 1.423 viviendas en Parcent, no ha encajado nada bien que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda rechazara su PAI y los otros dos (todos sumaban 1.800 casas) que el anterior gobierno local del PP aprobó inicialmente en enero de 2006, en el penúltimo día de vigencia de la LRAU. La mercantil ha presentado una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Parcent. Exige una indemnización de 2.275.282 euros. Los servicios jurídicos municipales están estudiando ese nuevo frente abierto en los tribunales.

Terres de l'Horta ya presentó antes una querella contra el alcalde, Máximo Revilla, sus cuatro ediles de Coalició Democràtica de Parcent (CDP) y el secretario municipal. Todos ellos declararon en el juzgado a finales de 2009.

También por esas fechas la conselleria desestimaba las alegaciones presentadas por las promotoras contra su acuerdo inicial de rechazar los tres PAI. Los vecinos de Parcent, que llevan luchando desde 2006 contra ese crecimiento urbanístico que consideraban desmesurado (el pueblo tiene ahora mil habitantes y con los PAI crecía de golpe en 5.000 nuevos vecinos), respiraban aliviados.

Sin embargo, Terres de l'Horta ha decidido llevar el conflicto urbanístico a los juzgados. Esa reclamación patrimonial de 2,2 millones por el rechazo a su PAI asusta a cualquiera. La empresa considera que esas son las pérdidas que ha acumulado al no aprobarse su programa urbanístico de forma definitiva. El presupuesto municipal de Parcent no supera el millón de euros.

Deficiencias en los PAI

No obstante, esa demanda patrimonial parece no tener muchos visos de prosperar si se atiende a las numerosas deficiencias que presentaban los PAI y que llevaron a la conselleria a rechazarlos.

Una de esas deficiencias consistía en que no hay agua suficiente para semejante crecimiento urbanístico. Así lo acreditó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en su informe sobre recursos hídricos.

Además, los programas urbanísticos afectaban a gran superficie de suelo que, por su condición de forestal, está protegido. Incluso el Parlamento Europeo advirtió de que las 1.800 viviendas suponían un desarrollo urbanístico desmesurado.

Al desestimar los PAI, la conselleria precisaba que el ayuntamiento los había tramitado "conforme" a ley. Ese argumento pone en entredicho la querella que Terres de l'Horta presentó contra el gobierno local por paralizar y poner trabas a los programas urbanísticos. Y también es una baza importante contra la demanda patrimonial.