Ecoparques convertidos en vertederos por la falta de mantenimiento. Es el panorama que dejan los impagos de los ayuntamientos a Girsa –que gestiona la recogida de residuos– en diversas localidades de la Costera y La Canal. La empresa dependiente de la diputación ha amenazado a los ayuntamientos de Navarrés y Vallada con abandonar la gestión de sus ecoparques si no resuelven sus deudas.

En la localidad de la Canal, el nuevo ejecutivo, del PP, no ha tardado en tomar cartas en el asunto y ha decidido clausurar las instalaciones, eso sí, «temporalmente». La alcaldesa Estela Darocas alude a la «imposibilidad de hacer frente a los impagos» que se situarían en torno a los 67.000 euros.

Un caso similar es el que se respira en Vallada. Las autoridades municipales (PSPV-independientes) descubrieron, al tomar posesión del cargo, que el anterior gobierno popular adeudaba 327.106 euros a Girsa, cantidad que se había ido acumulando en los últimos cuatro años de mandato. En el municipio de la Costera, las amenazas de la empresa de recogida también surtieron efecto, si bien la decisión del consistorio difiere a la adoptada por el de Navarrés: abonar un anticipo de 7.335 euros para garantizar el servicio en el ecoparque.

En Montesa, las quejas de los vecinos por el estado de saturación en el centro de reciclaje han forzado al ayuntamiento a mover ficha. Allí, el nuevo ejecutivo también se ha encontrado con impagos por valor de 25.000 euros a Girsa, que últimamente no pasaba mucho por el ecoparque. El resultado lo explica un vecino: «Se ha convertido en un vertedero. Hay malos olores a todas horas y productos fitosanitorios que se almacenan sin ningún control». Montañas y montañas de escombros, muebles, botellas y toda clase de residuos que se arraciman en una pequeña superfície a 200 metros de la población y a la que ni siquiera se puede acceder porque algunos usuarios depositan basura incluso en la puerta. El alcalde, Juan Garcia, hecha la culpa al anterior gobierno por el «descontrol» que ha reinado en el parque.

«Hasta ahora no había ninguna persona responsable del ecoparque», explica García. En Montesa, era común que los vecinos de localidades aledañas —como Llanera o Cerdà, donde las instalaciones dedicadas al reciclaje cerraron recientemente— acudieran a dejar allí toda clase desperdicios. En todo caso, el primer edil ha declarado que el fin de la anarquía en materia de reciclaje de residuos está próximo. «A partir del lunes habrá un operario que vigilará que no se vierta fuera del parque, bajo sanción de 3.000 euros, y sólo tendrán permiso para utilizarlo los vecinos de Montesa», indica a Levante-EMV.