Propietarios representantes del 30% de las parcelas del Sector ST-1 de Llíria, donde estaba previsto la instalación de un supermercado Carrefour, presentaron el lunes un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del consistorio edetano que aprobó la cuota de urbanización 0, alegando un "incumplimiento grave" de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

En concreto, los propietarios denuncian la ausencia de licitación pública para la selección de la empresa contratista y su adjudicación "a dedo" a la entidad BECSA. Por ello, exigen al Ayuntamiento de Llíria que anule las cuantiosas cuotas de urbanización que deben abonar y retire la condición de Agente Urbanizador a la empresa Sanz Desarrollos Urbanos. "La subasta pública hubiese permitido una reducción sustancial de las cargas que deben asumir los propietarios que se han disparado más de 100 euros por metro cuadrado", explica el abogado Juan Claudio Suay. El contencioso llega después de que en junio, los afectados presentaran ante el consistorio un recurso protestativo contra el decreto aprobado el 24 de mayo de 2011, tan sólo dos días después de las elecciones, y tras varias advertencias de irregularidades cometidas en el expediente desde la aprobación del PAI en 2006. Entre otros abusos, denuncian la ausencia de justificación de los gastos soportados por el urbanizador y la falta de dotación del suministro eléctrico, tal como ha sucedido en el Polígono Industrial Carrases.

Los titulares perjudicados negaron, después de ponerse en contacto con la dirección de Carrefour España, la posibilidad de que se instale un supermercado de la filial francesa en sus terrenos tal como anunció el ayuntamiento, a quien acusan de intentar distraer la atención del "verdadero problema".