La rotura de la presa cumple 29 años. Prácticamente tres décadas después, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Comunitat Valenciana escribe sus últimas páginas. A falta de una solución administrativa a la posible condonación de préstamos a un centenar de afectados y, salvo que prospere el recurso contra el archivo del reparto de dinero entre sus dirigentes, el caso Tous es historia.
El caso Tous ha entrado definitivamente en la historia esta semana. El postrero pleito del contencioso más largo de la historia judicial española ha concluido, salvo que prospere el recurso planteado, con el archivo de la causa abierta desde 2009 contra quienes durante años ejercieron el liderazgo en las asociaciones de damnificados, Afiva y Apemeda.
La juez del juzgado número 4 de Alzira, Elisa Guasp, ha acordado archivar por prescripción pese a encontrar indicios de delito la causa por presunta apropiación indebida contra la junta directiva de la asociación de damnificados y por un segundo presunto delito de apropiación contra el presidente y el secretario, José Alapont y Sergio Marín, porque el dinero detraído fue devuelto.
Institucionalmente, el caso hace tiempo que cayó en el olvido y la mejor prueba es el absoluto silencio que acompañó, la semana pasada, al 29 aniversario. El Gobierno hace tiempo que lo considera caso cerrado. En 2009 ya decidió no personarse en el polémico reparto del dinero público, un remanente de las indemnizaciones a los afectados por la pantanada, al considerar que era un asunto interno de las asociaciones.
El Ejecutivo incluso da por liquidadas también las reclamaciones de Aspertous pese a que el colectivo mantiene viva sus exigencias por la condonación de un centenar de créditos del ICO pendientes. Ese, junto con el recurso al archivo del reparto de fondos y conocer el destino final del dinero que queda en las cuentas de Afiva y Apemeda y cómo se aborda su disolución son los únicos interrogantes que quedan abiertos 29 años y al menos cinco juicios después del derrumbe de la presa, después de que en 2010, 28 años después de la tragedia, cobrarán los afectados de Antella y Sumacàrcer que perdieron sus campos de cultivo en 1982.
Tres décadas de juicios
El del presunto desvío de fondos ha sido hasta el momento el último juicio del caso Tous que celebró con anterioridad cuatro distintos. El primero en 1987, un segundo en 1989, otro en 1993 y el cuarto en 1995. Sólo el proceso de 1989 y el último concluyeron, ya que los otros dos fueron suspendidos.
El de 1989 acabó en la Audiencia con una sentencia condenatoria anulada tres años después por el Supremo, que dejó sin efecto el procesamiento y la condena a dos de los seis ingenieros acusados.
En 1995 la Audiencia absolvió a los ingenieros procesados, pero el posterior recurso al Alto Tribunal y cuando ya los afectados no esperaban una solución satisfactoria, el Supremo revocó en abril de 1997 el fallo de la Audiencia, condenando al Estado, como responsable civil subsidiario.
El tribunal obligó a pagar 9.300 millones de pesetas (55,8 millones de euros) a 5.200 damnificados. Pero la sentencia penal llegó demasiado tarde para los 28.000 perjudicados que anteriormente se habían acogido a las indemnizaciones de 1993 y 1995 y por ello no tenían derecho a la compensación fijada por la justicia.
Los socios decidirán el destino de 214.728 € que hay en la cuenta
El artículo 27 de los estatutos de la asociaciones de damnificados por la pantanada de Tous recoge que, en el supuesto de disolución, el patrimonio se distribuirá entre sus asociados como estime la asamblea general. La cantidad que queda asciende a 214.728 euros. La resolución judicial conocida esta semana señala como probado que, tras la asamblea de mayo de 2002, nadie excepto el presidente, José Alapont, y el secretario, Sergio Marín, conocía la cantidad exacta de las cuentas. El saldo ascendía entonces a 282.878 euros y el dinero estaba en una cuenta en Ruralcaja a nombre de «empresarios de la comarca de la Ribera» con firma mancomunada de los dos dirigentes. El 21 de octubre de 2002, cinco meses después, se realizó una compra de valores de 277.000 euros y un reintegro en junio de 2003 de 5.000 euros por lo que quedaron 878 euros. Según el relato judicial, en el proceso por una denuncia de la exmujer de Alapont en trámites de divorcio, se reintegraron 106.000 euros en marzo de 2009 y otros 141.749 euros en diciembre. Sin embargo, el total reintegrado es de 238.695 euros frente a los 277.000 que deberían existir más los intereses, según la acusación particular. El desfase se justifica, según la jueza, en que ambos dirigentes sufragaron las nóminas de las trabajadoras, la minuta del auditor de cuentas de 6.000 euros y gastos de imprenta o de asesoramiento jurídico. c. a. alzira
