El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, compareció ayer en el juzgado de Llíria por un presunto delito de prevaricación. El pasado 14 de diciembre de 2009 el PSPV de Riba-roja formuló una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde y la Junta de Gobierno local por el funcionamiento de las canteras radicadas en el término municipal de Riba-roja, amparándose en el artículo 329 del Código Penal en relación al artículo 404 y que dice: "La autoridad o funcionario público que conceda a licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes será castigado con la pena establecida y, además, con la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de ocho a veinticuatro meses".
El alcalde en todo momento descargó toda responsabilidad en los técnicos municipales y en la secretaria municipal, en lo que se refiere al control de la legalidad de las canteras. Además no reconoció que estas actividades funcionaran sin licencia y medidas correctoras y, minimizó las quejas vecinales, llegando a afirmar que prácticamente no existían quejas y que las industrias eran antiguas. Indicó que en todo caso las quejas eran por los camiones que circulaban y que lo habían solucionado con la instalación de aspersores. A preguntas de la jueza no quiso aclarar porque motivo estas industrias habían firmado convenios con el Ayuntamiento de Riba-roja de cuantiosos importes, y se remitió en este particular nuevamente a los técnicos municipales y a la secretaria del ayuntamiento, destacando que él era carnicero y que de esas cuestiones no entendía y que para eso estaban los técnicos del ayuntamiento. Finalmente a preguntas de la jueza indicó que a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana regularizó la situación de las canteras y de las licencias.
Unas industrias
polémicas
En septiembre de 2008 el PSPV denunciaba que las cuatro canteras de Riba-roja incumplían la normativa sobre contaminación acústica y medioambiental, y que dichas empresas se encontraban dentro del Parc Natural del Camp de Túria. Ese mismo mes, la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria anunció que presentaría una denuncia ante la fiscalía de Medio Ambiente del TSJCV si el ayuntamiento no daba explicaciones sobre la actividad de las cuatro canteras ubicadas en una zona caracterizada por ser un espacio natural protegido. Además, la Coordinadora denunció que "las canteras incumplen el Plan de Ordenación de Recursos Natural (PORN) por lo que debería de intervenir la Conselleria de Medio Ambiente". En enero del 2009 una sentencia del TSJ inició expediente sancionador contra la cantera "por existir actividades sin licencia", y obligó al Consell a que clausurase aquellas actividades de la instalación que careciesen de Licencia ambiental. m. domingo llíria
