Los municipios afectados por la Ley de Costas se mueven entre la expectación, la acción y la cautela ante la intención del nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de priorizar una "revisión" de la norma para lograr que su articulado combine el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales.

Mientras algunas localidades de la zona sur de la costa castellonense ven en el anuncio una oportunidad para hacer realidad sus reivindicaciones, desde otros colectivos que aglutinan a entidades de diversos puntos del territorio nacional alertan de las "dificultades" que entraña consensuar un texto que satisfaga a todas las partes implicadas.

Por el momento, en las comarcas castellonenses la Plataforma Provincial de Afectados por Costas ya ha remitido al ministerio una carta en la que solicitan una reunión con el fin de trasladar sus reivindicaciones. "Después de 23 años es importante que se nos haya abierto esta posibilidad", indicó el portavoz de la entidad, Mario García, quien destacó que "lo que queremos es que se cuente con los municipios afectados, que se nos escuche y, si tenemos razón, que nuestras reivindicaciones queden contempladas en esa modificación".

"Nuestro objetivo no es abusar de la Ley o hacer grandes construcciones, sino proteger el legado histórico, paralizar los deslindes, las órdenes de derribo y regenerar nuestra costa", aseveró el también alcalde de Nules que, en el caso concreto de las afecciones en la localidad, recordó: "tenemos 242 viviendas, las últimas de los años 70 y la primera de 1914". Por su parte, la representante de los afectados de la playa de Nules, Marisol Ballester, apeló a la "prudencia" y detalló que van "a esperar unos días para hacer valoraciones". "Hemos convocado una reunión de la junta de la plataforma para esta semana y también mantendremos un encuentro con el alcalde para definir nuestras acciones", dijo.

La retroactividad de la nueva normativa es una de las demandas de la Plataforma Nacional de los Afectados por la Ley de Costas. Su portavoz, José Ortega, alertó de la "dificultad" de consensuar un texto que satisfaga los intereses de las partes en litigio y ratificó que "es primordial que se tenga en cuenta nuestra opinión a la hora de ejecutar esas modificaciones y que se salvaguarden los derechos de las personas que han sido víctimas de esta ley". "No hay que olvidar que el 90% del territorio ya ha sido deslindado, con lo cual de poco serviría una norma sin efectos retroactivos", apuntó.