El equipo de gobierno de Albalat dels Sorells ha renunciado a la plaza de interventor municipal que tenía hasta ahora para ahorrarse el coste del sueldo de un habilitado nacional, que en su caso era de 30.000 euros brutos al año por dos días a la semana de trabajo. Un funcionario de este tipo es obligatorio para aquellas localidades que superan los 5.000 habitantes, característica que no tiene Albalat. Aún así, desde 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011 esta localidad de l´Horta Nord compartió interventor con el municipio vecino de Museros, al que iba tres días a la semana frente a los dos de Albalat.

Cuando Museros se quedó al habilitado nacional a tiempo completo, el ejecutivo que preside José Rafael Tamarit decidió contratar a un asesor económico para que hiciera este trabajo. Por supuesto, sin la capacidad de decisión legal, que ahora le corresponde únicamente a la secretaria. Para ostentar este cargo de confianza, el equipo de gobierno del PP decidió contratar, a través de un decreto de alcaldía, a quien hasta ese momento había sido su interventor.

El alcalde dice que con esta decisión el municipio se ahorra alrededor de 12.000 euros anuales, ya que el funcionario que como interventor ganaba 30.000 euros al año ahora gana 18.000 como asesor del gobierno del PP en asuntos económicos. Eso sí, trabaja un día menos a la semana (los lunes), tal como subrayaron fuentes municipales.

Cuando a mediados de 2010 Museros anunció que se quedaba al interventor para él sólo, Albalat mantuvo la plaza e intento repetir la fórmula de funcionario compartido con otro municipio próximo: Rafelbunyol. El proyecto quedó sobre la mesa durante casi un año, hasta que el pasado octubre de 2011 Tamarit anunció en el pleno su intención de reagrupar la plaza con el pueblo vecino.

El portavoz del PAU Vicent Almenar destacó ayer en un comunicado que en aquel pleno ya le advirtió al PP «que las cosas habían cambiado muy significativamente a nivel económico» y que la plaza de interventor no era imprescindible existiendo ya una habilitada nacional (la secretaria) «y funcionarios con los conocimientos suficientes para hacer incluso la labor que hace el asesor».

El pasado martes 24 de enero, apenas tres meses después de presentar la propuesta a pleno, el gobierno popular de Albalat cambió su postura y presentó ante la corporación el «acuerdo de dejar sin efecto la agrupación de la plaza de intervención Albalat-Rafelbunyol». «En nuestra actual situación económica es inviable pagar a un habilitado nacional al que no estamos obligados —señalaron ayer fuentes del gobierno local—. Por eso amortizamos la plaza y la sustituimos por un asesor externo que le cuesta menos dinero a las arcas municipales».