El alcalde de Gandia ayudó ayer a la Policía Local a desarrollar un plan de desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente en diversas zonas de la ciudad y que ha permitido actuar ya en un total de 26 pisos situados en distintas zonas de la capital de la Safor.
Se trata de inmuebles que pertenecen a entidades bancarias y que se encuentran vacíos durante largos periodos de tiempo, lo que facilita la entrada de inquilinos ilegales que conviven en ellos en condiciones insalubres. De hecho, en alguna de las casas en las que la policía ha intervenido, se ha descubierto que se llevaban a cabo prácticas delictivas como tráfico de drogas y prostitución, o simplemente servían como almacén para objetos robados en atracos.
Según señaló ayer el jefe de la Policía Local, Marc Cuesta, "las personas que ocupan los pisos no son familias estructuradas que tienen una necesidad, sino que se trata de particulares o grupos de personas peligrosas que muchas veces vienen a Gandia a hacer daño".
Cuesta confirmó que "en ningún caso se trata de ciudadanos de Gandia, sino que son grupos itinerantes de gente que se mueven por todo el país". Estos pisos, al encontrarse vacíos, carecen de suministro eléctrico y muchas veces usan velas, con el peligro de incendio que ello conlleva.
La presencia de estos inquilinos, no sólo resulta una molestia para los vecinos de la comunidad, sino que también puede ser peligroso para ellos puesto que en muchos casos, estos pisos se convierten en focos de suciedad.
Desde que se puso en marcha este plan de actuación se ha procedido a tapiar un total de 12 pisos, mientras que otros 14 están localizados y precintados por la Policía Local a la espera que los propietarios den el paso para cerrar la entrada definitivamente. Aunque un gran número de estas viviendas están situadas en el Raval, hay otras zonas de la ciudad como Corea, el Grau y la zona del grupo Porta, entre Abat Solà y Primer de Maig, en las que se localizan algunas.
Ayer se llevó a cabo el tapiado de un piso situado en la calle Safor, en el distrito del Raval. Se encontraba vacío y precintado desde el pasado mes de enero y en una de las habitaciones, los inquilinos habían acumulado decenas de trastos y basura. Todo ello tuvo que ser sacado de la vivienda antes de proceder al tapiado. "De lo contrario podría crear un foco de insalubridad", según señaló Cuesta.Normalmente, son los propios vecinos los que avisan a los agentes cuando detectan que en alguno de los pisos se han colado de manera ilegal. Es la policía de barrio la que está canalizando todos los avisos y la que está llevando a cabo el control de las viviendas. Cuesta añadió que "normalmente los inquilinos indeseados se van voluntariamente cuando se lo requerimos los agentes. Si no se fueran, procederíamos a denunciar".
