El promotor de un chalé construido sin licencia en la Barraca d´Aigües Vives ha ahorrado al Ayuntamiento de Alzira la ejecución de la orden de derribo que pesaba sobre el inmueble y, tras desmontar diferentes elementos de la vivienda en los últimos días, ayer procedió a la demolición completa una vez agotados los recursos en vía judicial. Se trata de la primera vivienda ilegal que se derriba íntegramente en Alzira. La vivienda derribada contaba con unos 130 metros cuadrados habitables, repartidos en dos plantas.
Ayer era el día señalado por el Ayuntamiento de Alzira para proceder al derribo, después de que la sala de lo contencioso del TSJ desestimara en diciembre el recurso interpuesto por el propietario del chalé contra el auto que en septiembre de 2009 había autorizado la entrada en esta parcela para cumplir una orden municipal de derribo que el propietario desoyó. Tras esta resolución, el consistorio notificó al propietario su intención de asumir de forma subsidiaria el derribo, cuyo coste estimó en 6.600 euros y señaló el día 24 como fecha límite para desalojar la vivienda con el objetivo de proceder a la demolición el día 27.
No obstante, el promotor, Pedro Flores, decidió asumir él mismo la obra y ayer procedió a la demolición del chalé. Aunque admite que construyó esta vivienda en la partida de la Solana sin licencia, considera que es un «cabeza de turco» ya que no se trata ni mucho menos del único chalé levantado en la Barraca de forma ilegal. «El 90% de los chalés que hay en la Barraca son ilegales», señaló ayer el afectado, mientras anunciaba que va a exigir que se aplique a todos los demás el mismo rasero. A su juicio, en su caso se ha llegado tan lejos «porque no soy de Alzira».
La demolición es el resultado de un largo litigio iniciado en el año 2005. Pagó una multa de 8.000 euros del ayuntamiento. Pedro Flores considera que el consistorio debía haberle precintado la obra para evitar que continuara «y no lo hizo» y anunció que reclamará la devolución de los 8.000 euros de multa tras haber tenido que derribar la vivienda. Flores considera que el derribo es «injusto» ya que, además de haber hecho efectiva aquella sanción, también paga desde 2008 el IBI de la vivienda.
