La dirección del PP provincial de Valencia anunció ayer que estudiará la condena al exalcalde y actual concejal popular del Ayuntamiento de Rocafort, Sebastián Bosch, por el accidente laboral que sufrieron durante su mandato dos empleados municipales. Tal como publicó Levante-EMV en exclusiva el pasado sábado, la Audiencia de Valencia ha impuesto tres meses de prisión al anterior regidor, rechazando así el recurso que interpuso Bosch contra la condena que dictó la titular del juzgado de lo Penal número 7.

El concejal popular sostuvo ante la Audiencia que no tenía atribuida legalmente la competencia en materia de prevención de riesgos laborales, pero los magistrasdos advierten en el fallo que la ley establece su obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Consultadas ayer por este periódico, fuentes del PP de Valencia señalaron que, por el momento, el secretario general del partido Vicente Betoret no tiene constancia oficial de la sentencia y que es la dirección local del partido la que debería "envíarla para que tuviéramos conocimiento". De todas formas, según añadieron las mismas fuentes, una vez hecha pública la decisión judicial, el comité del PP provincial se reunirá para estudiar el caso y decidir si, en aplicación de los estatutos del partido, ordena o no la expulsión de Bosch.

Los nuevos estatutos, que el PP aprobó en su congreso nacional en Sevilla del pasado febrero, son muy claros respecto a las medidas disciplinarias para los afiliados condenados. La ponencia que presentó el presidente del PP de la Comunitat Valenciana y de la Generalitat, Alberto Fabra, completó el texto vigente hasta ahora en el que se hace referencia a que se perderá la condición de afiliado cuando exista sentencia condenatoria firme "recaída en procedimiento penal por la comisión de cualquier delito doloso". Sobre esa base, se añade que los militantes con sentencia condenatoria firme y con pena de cárcel o de inhabilitación -como es el caso del exalcalde de Rocafort-, serán expulsados del partido.

Este periódico intentó, sin éxito, recabar ayer la opinión de Bosch, pero si pudo contactar con el presidente del PP de Rocafort Alejandro Llácer, quien reconoció haberse enterado de la condena del concejal de su grupo municipal a través de Levante-EMV. Por ello, Llácer explicó que no reunirá al comité ejecutivo del PP local para estudiar la sentencia hasta después de fallas y que será entonces cuando se remita a "órganos superiores el análisis que hagamos". "Mientras tanto -destacó el también portavoz del PP en la corporación- no nos podemos pronunciar sobre la sentencia".

Lo que sí parece claro es que si la dirección del partido -provincial o regional- acaba decidiendo que Bosch pierda la militancia, éste dejaría también de pertenecer al grupo municipal en el ayuntamiento, aunque no perdería el acta de concejal. La condena contra Bosch ratificada por la Audiencia incluye una "inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo" durante los tres meses de condena, pero no especifica una posible inhabiltación para ejercer el cargo de edil.

Por otra parte, la alcaldesa Amparo Sampedro (PSPV) volvió a lamentar ayer la posibilidad de que "los vecinos acaben pagando la negligencia" de su antecesor en el cargo. "Sería algo totalmente injusto", subrayó. La sentencia señala que es el condenado el responsable de pagar la indemnización de casi 300.000 euros para los dos operarios accidentados, pero declara también la "responsabilidad civil directa" de la compañía de seguros, que sólo cubre hasta 90.000 euros. En última instancia, el fallo declara la "responsabilidad civil subsidiaria" del consistorio.