La Delegación del Gobierno ha vuelto a recurrir un acuerdo del gobierno municipal del Ayuntamiento de Paterna que encabeza el popular Lorenzo Agustí. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha comunicado al consistorio que el Abogado del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del pleno que aprobó a finales de 2011, con la mayoría absoluta del PP, el Reglamento de viviendas desocupadas de la ciudad, cuyo objetivo es gravar con un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a todas aquellos pisos que estén vacíos y cuyos propietarios no puedan acreditar que están habitados de forma permanente o temporal.

Este es el segundo recurso que presenta la Delegación del Gobierno, con pocas semanas de diferencia, contra acuerdos tomados por el gobierno de Agustí. El otro se conoció hace unas semanas y afectaba a la aprobación de los presupuestos de 2012, pues la institución que ahora dirige Paula Sánchez de León -también en manos del PP- alegaba que se producían incrementos salariales contrarios a los últimos acuerdos adoptados por el Gobierno central de Mariano Rajoy.

Ayer, a las 11 horas, entró en el registro oficial del ayuntamiento la comunicación del TSJ sobre el recurso planteado por el abogado del Estado, en el que se reclama a a Agustí que, como medida cautelar, mientras se resuelve el recurso, suspenda el Reglamento de viviendas desocupadas de Paterna. El alto tribunal le concede un plazo de cinco días para hacerlo. Fuentes del gobierno de Agustí atribuyeron la decisión de recurrir a los anteriores responsables en la Delegación, pues la aprobación provisional de la normativa se produjo en noviembre de 2011 y es el 30 de diciembre cuando la subdelegación accidental insta al Abogado del Estado a recurrir. Pero el contencioso se presenta el 24 de febrero pasado, ya con la exconsellera Sánchez de León al frente de la institución en Valencia. Al parecer, según apuntaron ayer desde el PSPV, el recurso se basa en los informes remitidos tanto por la Secretaría General como por el Oficial Mayor del consistorio, que informaron de la inexistencia de una memoria económica-financiera que fundamentara, valorara y justificara ese recargo del 50% del IBI sobre los pisos vacíos. Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron ayer tarde que se trata de una cuestión de "conflicto de competencias", y que la decisión de recurrir se produjo antes de la llegada de Sánchez de León.

Sin embargo, el concejal de Hacienda, Manuel Palma defendió en el pleno que la mayor parte de los vecinos no se vería afectada -"solo será aplicable a los que tienen propiedades vacías", dijo-, pues los máximos perjudicados, a su juicio, serán las promotoras y los bancos, los "mayores propietarios" de pisos desocupados.

Palma aseguró que el reglamento serviría para combatir la especulación, incrementar el número de empadronamientos o aumentar los ingresos por el propio recargo del IBI o por el incremento de vecinos censados. El concejal calculó ingresar entre uno y 1,5 millones de euros con esta medida.

El alcalde que pone en un brete a su partido

El alcalde Lorenzo Agustí entiende que debe defender los intereses de Paterna por delante de lo que piense su partido, la Generalitat o ahora el Gobierno en manos del PP. Desde alcaldía aseguraron ayer que el ayuntamiento "defenderá sus intereses" como ya hizo con otros contenciosos planteados en la anterior etapa socialista y que se resolvieron de forma favorable para los intereses municipales. Agustí reclamó hace poco una reflexión interna en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana sobre la pérdida de poder político, financiero y económico, además de censurar la forma del traspaso de poder a Alberto Fabra, tras la dimisión de Camps: "Aquí hubo un presidente por fax y todos asentimos", declaró a Levante-EMV. Agustí es visto en la dirección del PP como un llanero solitario que se sale de lo políticamente correcto para el PP. Y es que ni dudó en acudir a la sede de Acció Cultural para presentar un monolito de recuerdo a los fusilados republicanos. c. g. paterna