El Centre Ocupacional Tola de Silla, uno de los grandes referentes en la atención cooperativa a personas con discapacidad intelectual, ya no aguanta más. Las instalaciones, que albergan a 80 usuarios de 14 municipios de l'Horta Sud (Valencia ciudad incluida), están tan al límite de su resistencia económica que los profesores se están planteando seriamente reducir al máximo las prestaciones durante el mes de julio hasta un punto que casi equivaldría a cerrar la puerta a los alumnos antes de tiempo, en apenas unos días, pese a que el curso finaliza el próximo 29 de julio.
De hecho, en breve remitirán una misiva a los padres y tutores de los usuarios para informarles de que, si todo sigue como hasta ahora, si el Consell continúa sin pagar, los docentes se verán obligados a abrir en julio sólo un aula y un baño, suspender el comedor y el transporte, dejar de utilizar el aire acondicionado y suprimir la limpieza, entre otras medidas.
"Se trata de gastar lo mínimo imprescindible sin dejar de dar el servicio", explica la directora del recinto, Luz Gil, que sabe que, en esas "condiciones tan precarias, lo normal será que muchos alumnos prefieran no acudir" al centro. Y, aunque la propuesta "duele", la cooperativa de profesores que gestiona las instalaciones no encuentra otra solución. Ni para ahora ni para el inicio del próximo curso, un momento en el que prefieren "no pensar".
La dramática situación del Centre Ocupacional Tola es fruto de los impagos que la Conselleria de Bienestar Social mantiene con el recinto, al que este año no ha abonado ni un euro de la subvención que le comprometió. Son 577.956 euros que tenían que haber llegado de manera escalonada al proyecto cooperativo: el 60% (337.000 euros en marzo o como mucho abril) y el 40% restante en septiembre.
Sin embargo, los plazos no se han cumplido esta vez y, a punto de finalizar junio, el Consell sólo responde que "no hay previsión de pago" cada vez que los docentes llaman para interesarse por el estado de una subvención aprobada desde hace meses.
Para afrontar las primeras semanas del curso, los 16 trabajadores del centro solicitaron al banco una póliza de crédito de 85.000 euros. Para conseguirla tuvieron que avalar con sus bienes el préstamo, que pensaban devolver, como siempre, una vez que la Conselleria de Bienestar Social les hubiese hecho efectivo el primer pago de la subvención. Pero como eso no ha ocurrido, los empleados no sólo se han quedado sin cobrar sus nóminas y sin pagar a los proveedores (deben todos los servicios desde el primer día del año), sino que, encima, deben hacer frente a los intereses de ese crédito bancario, que mensualmente suman "más de 750 euros", explica la directora, Luz Gil.
"Pagos inaplazables"
Y, pese a todo, siguen llegando "pagos inaplazables" al Tola: el último, el Impuesto sobre la Renta de la cooperativa, que supone un desembolso "de 12.000 euros" que ninguno de los trabajadores tiene. El dinero saldrá de los fondos aportados por los padres de los alumnos (ya han dado su consentimiento) para sufragar el transporte de los dos autobuses que cada día llevan a sus hijos hasta las instalaciones educativas. El servicio de este último mes se quedará así pendiente de pago, al igual que lo está desde enero el de comedor (5.000 euros al mes), la luz, el agua o las nóminas del personal, sin abonar desde marzo.
