La jueza del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Quart de Poblet ha dictado un auto por el que acuerda el sobreseimiento y archivo de la querella presentada hace más de dos años por la Comunidad de Regantes de Manises contra el entonces alcalde Enrique Crespo €dimitió este año por el caso Emarsa€ y la que fuera concejala de Urbanismo Amparo Valldecabres, fallecida hace casi un año. Los regantes denunciaron, en enero de 2010, que el ayuntamiento procedió a construir un colector de pluviales en la zona de servidumbre de la acequia de Manises «sin tener un expediente administrativo y sin atender las condiciones exigidas por la entidad», según explicó el letrado de la Comunidad cuando la Audiencia de Valencia reabrió la causa en 2011 tras un primer archivo judicial.
El auto expone que de las diligencias actuadas «se desprende que no existen motivos lógicos suficientes para atribuir la perpetración» de algún delito a los denunciados y por ello «es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 789-1 y 641-2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decretar el archivo y el sobreseimiento», que también pidió el Ministerio Fiscal. Asimismo cabe destacar que la Comunidad de Regantes también había presentado un escrito de renuncia a la acción penal que planteó en su día por presuntos delitos de prevaricación administrativa, usurpación, expropiación ilegal y desobediencia civil.
El concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, Francisco Gimeno (PP), se mostró ayer satisfecho por la resolución judicial que «ratifica el papel de mi antecesora Valldecabres y del exalcalde Enrique Crespo, que actuaron con corrección y bajo los parámetros legales. Con este fallo judicial se ha cerrado un caso en el que siempre defendimos la correcta actuación del consistorio y del gobierno municipal». Gimeno añadió que para cualquier ayuntamiento es «satisfactorio cerrar un conflicto judicial con un colectivo de tu población, al que tendemos la mano para mantener una relaciones fluidas y que todo vaya bien».
La disputa comenzó a causa de la construcción de un colector de pluviales que pagó el Gobierno Central con una inversión de más de 4,8 millones de euros provenientes del PlanE. La tubería trascurría por la zona norte, cerca de la ribera del río, desde el barrio de San Francisco hasta el linde con Quart de Poblet. Un tramo del tubo tenía que transcurrir por debajo del cajero de la acequia, por los que los regantes exigían 150.000 euros €y otros tantos de fianza€ para autorizar el paso. Ya en su momento, el concejal Gimeno explicó que el consistorio acató la resolución judicial cuando el juez dictó un auto suspendiendo las obras, que luego dejó proseguir al archivar la causa.
