Varios trabajadores del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), acompañados por agentes de las fuerzas de seguridad, acudieron el pasado jueves a un edificio de la avenida Reyes Católicos de Alfafar —en el conocido popularmente como barrio de la Fila— para exigir a ocho familias que desocupasen varios pisos de protección oficial y que, en algunos casos, permanecían cerrados desde hace años. En su intervención, los técnicos de la Generalitat otorgaron un plazo de 24 horas a estos vecinos para abandonar las casas antes de recurrir a un desalojo forzoso.

Al cierre de esta edición el desalojo no se había producido y las ocho viviendas continuaban ocupadas.

Las familias reconocen que lo que vienen haciendo desde hace alrededor de un mes es una «ocupación ilegal» de los inmuebles, pero aseguran que han tenido que tomar esta medida «obligados ante la falta de respuesta del Ivvsa a nuestra solicitud de poder habitar alguna vivienda social». Así lo señala Juana, una de las ocupantes y representante ella sola de una familia con otros 16 miembros, incluidos cinco hijos y ocho nietos, el más mayor de ellos de cuatro años.

Todos ellos fueron desalojados de la casa que habitaban en el Barrio Orba al no poder hacer frente a la orden de desahucio que pesaba sobre el inmueble y a pesar del festival flamenco que Juana montó el pasado mayo para recaudar dinero. Desde entonces, la mujer y su familia habitan una de las más de diez viviendas sociales de este edificio conocido como la Finca Roja que permanecían cerradas y deshabitadas desde hace tiempo. «Con qué derecho nos obligan a vivir en la calle habiendo como hay casas en las que no vive nadie», razona Juana.

La mayoría de las otras familias que han recibido la orden de desalojo del Ivvsa, ya vivía en este edificio con casi un centenar de pisos y en que cuya fachada principal cuelgan desde hace días varias pancartas alusivas al derecho de cualquier persona a tener una vivienda digna y al agravio comparativo con los bancos y los «rescates financieros». «Algunos hace ya tres años que solicitamos una de estas casas y todavía no nos la han otorgado —explicaba ayer una de las «okupas» mientras intentaba dormir a sus dos hijos gemelos—. Nos marean con papeles y nos llevan de un sitio a otro, pero no nos hacen caso».

Jorge ha vivido durante años en este gran edificio de Alfafar, pero tuvo que abandonar la casa de sus padres cuando dejó a su novia embarazada. Asegura que pidió al Ivvsa poder trasladarse a la casa de un tío suyo que permanecía cerrada desde que éste falleció. «Me dijeron que no podía ser, que estaba en malas condiciones, que tenían que hacer obras pero que ahora no podían hacerlas».

Tras pasar varias noches durmiendo con su chica dentro de un coche aparcado en la calle, hace cerca de un mes decidió forzar la puerta del piso de su tío y empezar a vivir allí. «Lo tengo todo en orden —subraya Jorge—. Tengo el boletín de la luz, tengo el agua en regla y lo único que está roto es el marmol de la cocina. Nos dicen que no nos pueden dar las casas porque hay que acondicionarlas y nosotros les hemos dicho que nosotros nos apañaremos, que estamos dispuestos a pagar las obras que haga falta».

En su reivindicación, las ocho familias cuentan con el apoyo de la Koordinadora de Kolectivos del Parke, que también aboga porque «sean las familias necesitadas que habitan esas casas vacías las que puedan rehabilitarlas a precios de coste y con la mano de obra voluntaria de los componentes de esas familias».