El Ayuntamiento de Genovés se ha sumergido en el debate de la prostitución con la puesta en marcha de una normativa que prevé sanciones de hasta 3.000 euros tanto para las prostitutas como para sus clientes por "ofrecer, solicitar y negociar servicios sexuales en el espacio público". La Ordenanza de Protección de los espacios públicos ante "conductas incívicas que han ido en aumento en los últimos años" coincide con las sanciones que Barcelona comenzó a aplicar el viernes para frenar el sexo de pago en la calle, tras la aprobación de una medida que se estrenó con polémica.
