Crisis de pánico, facturas de hoteles de los invitados, de billetes de avión, gasto de floristería, de maquillaje y otros desembolsos que conlleva una boda. Por todo esto, una pareja, en concreto la madre de la novia, reclama al Ayuntamiento de Vilamarxant 60.000 euros, ya que ni el alcalde ni ningún concejal acudió el 14 de julio de 2007 a oficiar el matrimonio de los jóvenes.

Según Vicente Betoret, diputado del PP en las Corts y alcalde de la localidad entonces y ahora, la pareja "no presentó la instancia" requerida en Alcaldía, lugar donde se deben dirigir los novios en caso de que quieran ser desposados por algún miembro del consistorio. La pareja presentó la solicitud de boda, pero no la instancia a la secretaria particular del alcalde, "cauce normal por el que se debe pedir la presencia de el alcalde o los ediles en un matrimonio", explicó Betoret a Levante-EMV. "A todos los que vienen se lo explicamos de la misma forma, sólo pasó aquella vez. Fue un caso aislado", indicó el alcalde.

"Hablé con los novios tras el incidente y se les repitió que deberían haber hecho la solicitud en mi despacho", expuso Betoret. "La culpa fue un poco de todos", reconoce. Ahora, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dado, en parte, la razón a la pareja de novios y ha pedido al Ayuntamiento de Vilamarxant 3.000 euros para indemnizar a la pareja, cifra que no llega a los 60.000 que pide la madre. En todo caso, el CJC sí reconoce la "responsabilidad patrimonial" del consistorio en este caso.

Los hechos se remontan a mayo de 2007, cuando la magistrada encargada del Registro Civil autorizó la celebración de un matrimonio civil entre un hombre de nacionalidad holandesa y una mujer de nacionalidad española que debía celebrarse el 14 de julio por el alcalde del municipio. Sin embargo, llegado el día y hora de la celebración del enlace, no acudieron ni el alcalde ni ningún concejal al lugar señalado.

Con un juez y otro día

Finalmente, el enlace se celebró ante el Juzgado de Paz otro día del mismo mes. La madre de la contrayente formuló una queja tanto ante el Defensor del Pueblo como ante la Sindicatura de Greuges, e interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial ante el ayuntamiento.

En su reclamación, aportó un informe médico que acredita que ella sufrió una crisis de pánico por las "incidencias" en la boda frustrada de su hija, así como las facturas del hotel y transporte aéreo de parte de los invitados. Además, la denunciante adjunta fotografías de la espera de los contrayentes y de algunos de los invitados para documentar que, en esta boda, el plantón lo recibieron los dos novios a la vez.

La madre de la novia exponía en su reclamación que la mitad de los invitados -los familiares y amigos del novio- se habían desplazado desde Holanda para asistir a la boda, y solicitaba una reparación económica de 60.000 euros.

A juicio del Consell Jurídic, "sí que consta que los futuros contrayentes tuvieron comunicación con la referida Secretaría de la Alcaldía, pues figura en el expediente la remisión de sendos correos electrónicos y fax de fechas".

Por otra parte, la representante de Avacu preguntó al concejal de Servicios: "¿Cuando se va a celebrar una boda se comprueba si hay registro de entrada de esa boda?" A lo que el citado concejal contestó que "No", según consta en el dictamen del CJC.

Por lo tanto, el órgano consultivo resuelve que "queda acreditada la relación de causalidad entre el funcionamiento anormal de un servicio público, que atribuye a la falta de diligencia del que era el responsable en la tramitación y el daño producido".