El Tribunal Supremo ha declarar nula la modificación del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de Carcaixent y del plan parcial del Realenc aprobada por la comisión territorial de Urbanismo el 31 de julio de 2006. Seis años después, el Alto Tribunal considera ilegal el PAI porque se aprobó sin informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y, por tanto, sin garantizar la suficiencia de recursos hídricos.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV a través de fuentes jurídicas, señala que ese informe tenía que haberse emitido antes de la aprobación del plan y supone un varapalo para el Ayuntamiento de Carcaixent y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que en 2009 dio validez al plan urbanístico que preveía construir 236 viviendas en el paraje de la Bossarta.
Aquel plan urbanístico generó una amplia protesta e impulsó una plataforma social denominada Salvem la Bossarta, que se opuso a la construcción y que se mostró muy activa durante los años de la burbuja inmobiliaria.
