El Consell ordena derribar parte de 10 fincas en suelo protegido de la Patacona

Considera que zonas de los edificios de Bautista Soler en primera línea de playa invaden dominio público

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Los edificios invaden la zona protegida de la Patacona.
Los edificios invaden la zona protegida de la Patacona.   Ferran Montenegro

VORO CONTRERAS ALBORAIA La Conselleria de Infraestructuras ha resuelto la demolición de parte de diez edificios que levantó una promotora del empresario Bautista Soler en primera línea de la playa de la Patacona, en Alboraia, por construir de forma no autorizada en zonas de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre. La medida afecta a diez edificios que albergan apartamentos, oficinas, hotel y un conocido restaurante. La inmobiliaria Lasho (perteneciente al Grupo Soler), deberá «corregir la situación creada mediante la demolición de lo ilegalmente construido», que en la mayoría de los casos corresponde a parte del semisótano de los inmuebles con su cubierta y pérgola de hormigón, así como las zonas aéreas como voladizos y balcones. Además deberá pagar un total de 548.742 euros en diferentes multas. La constructora de la promoción (Grupo Bertolín) y el técnico director del proyecto son responsables subsidiarios de la infracción.

Según explicaron ayer fuentes de la asociación de vecinos Patacona-Vera, actualmente estas resoluciones están recurridas en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo por los afectados. La asociación alegará contra las mismas ya que considera que, pese a todo, la Generalitat ha sido demasiado benévola con la promotora pues sólo ordena demoler parte de los edificios y no la totalidad de los mismos por quebrantar la Ley de Costas. Las mismas fuentes destacan la lentitud con la que el gobierno autonómico ha encarado este proceso (se inició en 2005 tras una denuncia de la Demarcación de Costas de Valencia) y critican la escasa publicidad que se ha dado a las sanciones.

Aunque la denuncia del Ministerio de Medio Ambiente es de 2005, ya en 2003 la Administración del Estado incoó varios procedimientos sancionadores contra la mercantil por invadir zonas de servidumbre del dominio público-terrestre en la playa de la Patacona al estar a menos de 20 metros de la costa. La propia promotora de Soler solicitó en 2004 un replanteo de la línea de deslinde, que acabó evidenciando la invasión de la zona protegida, al igual que se demostró en otro replanteo en 2008, tras las quejas de los vecinos.

A pesar de las sanciones iniciadas por Medio Ambiente y los resultados del replanteo de 2004, «las obras continuaron hasta la total terminación de las edificiaciones, sin haber obtenido (ni siquiera solicitado) la preceptiva autorización en materia de costas, por lo que cabe concluir que la conducta de los ahora imputados es típica, antijurídica y culpable», subraya la resolución de la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas, que insiste repetidamente en que «resulta irrefutable» que la promotora de Bautista Soler ejecutó el proyecto de los diez edificios «aun a sabiendas de su más que probable ilegalidad». También reitera que el origen de la ilegalidad no está en la fase de proyección, sino en la ejecución «al haberse prescindido de las delimitaciones contenidas en el deslinde y haber realizado las correspondientes mediciones desde una referencia no válida (el murete exterior del paseo marítimo)».

Un proyecto con el visto bueno político
Pese a que ahora el Consell certifica la ilegalidad de las obras ejecutadas por la promotora de Bautista Soler, el empresario no puede quejarse de falta de apoyo por parte de la administración valenciana (y la alborayense) a su gran proyecto urbanístico en la Patacona. Así, en junio de 2009 el entonces conseller de Medio Ambiente José Ramón García Antón defendió en las Corts que el suelo donde se edificaban estos edificios era «urbano» y, por lo tanto «sin ningún problema de ningún tipo. Ese suelo era urbanizable antes de que entrara en vigor la Ley de Costas». Por declaraciones como esta, el informe anual de 2011 que publicó el Defensor del Pueblo, calificaba el caso de la urbanización de Soler como «un ejemplo del amparo que la Administración puede prestar a actuaciones ilegales». . v. c. alboraia

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