Ezequiel mira al mar desde el salón de su casa en la Patacona y describe el placer que siente al levantarse cada mañana y escuchar las olas que rompen a pocos metros de su terraza. Por el ventanal entra un sol agradable, su mujer lee un libro y él reparte sobre la mesa un sinfín de documentos jurídicos, informes y cartas de abogados. «Compré la casa en 2007, cuando me jubilé. Es la unión de dos apartamentos de 40 metros cuadrados y por entonces el metro se pagaba a 6.000 euros. Hoy ha perdido todo su valor».
Según Ezequiel, su casa y otras como la suya no valen nada porque la Generalitat decidió en mayo de 2011 que este edificio y otros nueve situados en primera línea de la playa de Alboraia están ocupando el dominio público marítimo-terrestre. Por lo tanto, están sobre suelo protegido y son ilegales. «Cuando compré la casa hace cinco años a mí nadie me dijo nada y no me enteré hasta que en agosto de 2010 me llegó un documento de la conselleria que decía que mi casa era ilegal».
Por eso Ezequiel se ve víctima de un engaño por parte de la promotora de estas viviendas: Inmobiliaria Lasho, propiedad del otrora magnate valenciano del ladrillo Bautista Soler. No lo ha denunciado porque tanto la promotora como él y otros vecinos luchan en el Juzgado Contencioso-Administrativo para evitar las demoliciones que, mientras tanto, se mantienen en suspenso. Por lo demás, Ezequiel lo tiene claro: «Hemos sido gravemente perjudicados porque no hay persona que se compre una casa sabiendo que la pueden derribar por incumplir la Ley de Costas. Y, por lo que sé, cuando a mí me la vendieron, Lasho ya conocía esa situación pero no nos dijo nada».
Así parece. En la resolución de 2011 de la Conselleria de Infraestructuras por la que se ordena la demolición de parte de estos edificios de la Patacona construidos por Bautista Soler, queda reflejado cómo ya en 2003 el Estado incoó varios procedimientos sancionadores contra la mercantil por invadir zonas de servidumbre del dominio público. Y en 2004 la promotora solicitó un replanteo de la línea de deslinde, que acabó c0nfirmando la invasión del área protegida.
Es decir, la firma de Soler sabía que al menos el Ministerio de Medio Ambiente consideraba ilegal este proyecto. Pero siguió adelante, entre otras cosas porque contaba con el apoyo explícito del Ayuntamiento de Alboraia y de la misma Generalitat que ahora repudia el proyecto y denuncia «mala fe» en la actuación de la empresa.
Las dos administraciones coincidían con el criterio de la promotora de que cuando el Ministerio de Obras Públicas construyó el paseo marítimo en 1994, lo hizo arrancándole terreno a la playa y, por lo tanto, tendría que haber marcado el nuevo linde de la zona protegida a partir de la nueva infraestructura. Todo lo que quedara detrás del paseo (como las viviendas de Soler) sería terreno urbano, y así consta en el Plan de Reforma Interior (PRI) de la Patacona, aprobado por el consistorio con el visto bueno del Consell. «Si el Estado considera ahora que los edificios son ilegales por no respetar el dominio marítimo-terrestre, por la misma razón es ilegal el paseo que él mismo construyó», destacan fuentes jurídicas.
Por ello, en junio de 2009, el conseller de Medio Ambiente José Ramón García Antón defendió que el suelo en el que se habían levantado los edificios «ya era legal y urbanizable antes de que entrara la Ley de Costas». Aún así, un año antes la conselleria de Infraestructuras había hecho su propio replanteo del deslinde y certificó que el proyecto de Soler había invadido el área protegida. En 2011 el Consell confirmó su cambio de criterio declarando ilegales las diez edificaciones.
Más fiel en su apoyo al proyecto de Soler ha sido el Ayuntamiento de Alboraia. No sólo dio al proyecto todos los permisos posibles, sino que un mes antes de la resolver la demolición de parte de los edificios, y sancionar a promotora y constructora con multas por un total de 548.742 euros, Infraestructuras recibió una alegación del consistorio que gobernaba Manuel Álvaro que proponía «desplazar la línea del dominio público marítimo-terrestre» al murete exterior del paseo, de forma que las casas quedasen fuera de la zona de costa. Lo mismo que pedía la empresa. El actual gobierno local dice mantenerse al margen de la polémica en espera a que los juzgados determinen si las casas están dentro o fuera del área protegida.
Publicidad engañosa y sospechosos aprovechamientos
Como otros grandes proyectos urbanísticos, el de Bautista Soler en la Patacona (1.500 viviendas) ha estado envuelto en la polémica. En 2008 su empresa fue condenada a indemnizar con tres millones a 50 vecinos a los que aseguró que las viviendas que habían comprado estaban «en primera línea de playa». Y así fue hasta que levantó los edificios que ahora la Generalitat quiere derribar en parte por ocupar dominio público. Por otra parte, Ecologistas en Acción busca en los juzgados la demolición total de estas fincas por estar a menos de cien metros del deslinde. Otra sentencia del TSJ reconoce que hubo una incorrecta valoración del 10 % del aprovechamiento por el PAI Vera 2 ya que las cantidades se fijaron con el consistorio en un importe 5,5 veces menor a su precio de mercado, con lo que Alboraia pudo dejar de ingresar por este motivo unos 20 millones de euros.
