La Fiscalía Provincial de Valencia ha concluido las diligencias abiertas sobre la denuncia presentada por el actual equipo de gobierno de Gilet contra el gobierno anterior formado por PSPV y el partido local de AUG, determinando que "hay indicios de delito de malversación de caudales públicos" en los hechos cuestionados, concretamente, la compra con cargas del Hogar del Jubilado y la devolución del préstamo de 60.000 ? que el exalcalde Vicente Campos realizó al consistorio con tal de comprar mobiliario para ese mismo local.
Aunque, según laFiscalía, "la calificación de este delito no es vinculante", ha remitido el caso a los juzgados de Sagunt para que éstos inicien un nuevo procedimiento de instrucción en el que se determinará "si el delito está lo suficientemente probado" como explicaban desde el gabinete de prensa del Ministerio Fiscal en Valencia.
Toda la información remitida a la Fiscalía fue enviada por el actual gobierno de Gilet (PP, Amb Trellat y AUG). Sin embargo, éste no se personará en el proceso como acusación particular insistiendo en que la medida se tomó con la única intención de "evitar responsabilidades", como explicó en su momento el alcalde, Juan Carlos Vera y "porque la ley así nos obliga", añadía su socio de gobierno, Salvador Ortí cuando se dio a conocer la interposición de la denuncia en junio. "La Ley dice que los que quienes tuvieran noticias de algún delito. público estarán obligados a denunciarlo ante el Ministerio Fiscal. Nos hemos limitado a cumplir nuestra obligación", decía el alcalde, Juan Carlos Vera.
El portavoz de los socialistas en Gilet y exalcalde, Salva Costa, asegura estar muy tranquilo y está convencido de que "el tema acabará archivándose. Reconozco que a lo mejor, la cosas no se han hecho como se tenían que hacer, pero nadie se ha quedado con un duro, nadie ha cometido ninguna irregularidad que pueda ser calificada de delito. Pongo la mano en el fuego por las personas que se han visto involucradas en esto", dijo en relación a la que fuera alcaldesa durante la pasada legislatura, Inma Borrell y el exalcalde también del PSOE Vicente Campos; dos personas que desde que estalló este asunto han declinado hacer declaraciones sobre él a Levante-EMV, si bien Campos reitera desde hace años que "tiene la conciencia muy tranquila".
Costa añadía que el "partido se ha puesto a disposición de Borrell y Campos para lo que necesiten" y decía no entender que el equipo de gobierno rechace personarse en la causa. "Es tirar la piedra y esconder la mano", decía.
