El Ayuntamiento de Gandia pagará durante los próximos tres años un 8 % de la energía eléctrica que consume. En números contantes y sonantes eso representa abonar 200.000 euros en cada uno de esos ejercicios frente a los 2,5 millones que gasta en luz. La suma total son 600.000 euros frente a 7,5 millones.

No es ningún milagro, es parte de contrato que el Gobierno local ha presentado para "externalizar" o privatizar la gestión del suministro de energía eléctrica al alumbrado público y a los edificios que son de su titularidad.

La idea, explicada ayer por el portavoz del Gobierno local, Víctor Soler, consiste en entregar a una empresa, previo concurso, la gestión de la electricidad durante los próximos 25 años. Esa mercantil haría la función de "mediar" entre el ayuntamiento y la compañía eléctrica que suministraría al consistorio.

La clave está en la convicción de que esa empresa podrá llevar a cabo mejoras en el alumbrado y en el resto de los aparatos que consumen electricidad para ahorrar energía y reducir sustancialmente la factura actual que el ayuntamiento paga, que alcanza los 2,5 millones de euros al año.

Si eso se cumple y hay empresas dispuestas a arriesgar su capital, habría beneficios mercantiles gracias a la reducción del consumo, y ahí es donde el Gobierno local ha visto su oportunidad de aligerar la deuda que acumula.

Una de las condiciones que figurarán en el pliego del concurso que se abrirá en unas semanas es que la empresa deberá "perdonar" el 92 % de la factura eléctrica durante los tres primeros años de vigencia del contrato. Eso es pagar sólo 200.000 euros de un total anual de 2,5 millones.

A partir del cuarto año, y hasta que se cumplan los 25 de duración total, la mercantil cobrará como máximo 2,5 millones anuales, de manera que, según se explicó ayer, todo son ganancias para el ayuntamiento. En tres años se ahorra 6,9 millones que le vienen de cine para sostener la maltrecha hacienda local, y después no tendrá que pagar más de lo que ahora viene abonando por ese concepto.

Pero es que, además, la empresa deberá tener un margen de beneficio. Y eso será posible en la medida que sea capaz de invertir en la mejora de la red, la modernización de las instalaciones y, especialmente, en la introducción de sistemas de alumbrado público que que reduzcan considerablemente consumo, así como en la reducción de la tarifa que pueda conseguir negociando con la empresa a la que se encargue el suministro.

Víctor Soler habló de lograr un sistema "más eficiente, más ecológico, con más inversiones y que genere un ahorro de energía", pero añadió que el ayuntamiento, como garante último de ese servicio, exigirá "máxima calidad".

Preguntado sobre la posibilidad de desconectar una parte de las farolas o de apagar aquellas que se encuentren en zonas sin viviendas, como han hecho otros municipios de la Safor, Soler indicó que todo eso deberá quedar determinado en las propuestas que planteen las empresas que opten al concurso.