Las masivas manifestaciones, huelgas, paros indefinidos y encierros que los empleados de la sanidad pública madrileña han realizado recientemente tienen un antecedente en la Ribera. Fue hace 16 años cuando el Consell de Eduardo Zaplana impuso un sistema que permitía por primera vez a una empresa gestionar un servicio esencial como la sanidad.
La protesta de Madrid ha devuelto al modelo Alzira al centro del debate político pese a que el sistema está vigente en la Ribera desde enero de 1999. Por aquellos años también la comarca acogió protestas y un sector de la sociedad local rechazó la implantación. Un millar de manifestantes protestó en Alzira bajo un diluvio a finales de enero de 1997 y algún exaltado agredió al entonces conseller Joaquín Farnós el 14 de noviembre de 1996 cuando iba a presentar la maqueta del edificio.
Pero aquel rechazo se ha diluido con el tiempo y hoy es prácticamente imperceptible. El hospital maneja encuestas que señalan que el 94% de los usuarios ignora el modelo de gestión que rige en Alzira y los sondeos de satisfacción de los usuarios rondan el 90%.
¿Qué repercusión tuvo aquella protesta? El exsecretario general de UGT Josep Rizal recuerda que fue una época "de gran crecimiento económico y creo que eso ayudó a consolidar el modelo". "Fuimos los pioneros porque reivindicábamos un hospital público. Éramos la última comarca sin hospital y el PP lo aprovechó. Nos dijo que nos lo daba, pero a cambio de un experimento", rememora Josep Tomás que entonces lideraba CC OO. "Hicimos una gran campaña y quedó una frase que sigue teniendo valor, que al final unos irán al hospital con la tarjeta sanitaria y otros con la Visa. El augurio se está cumpliendo", dice.
El modelo tiene dos almas muy diferentes: la sanitaria y la económica. La primera está en manos de profesionales y el esfuerzo de la mayoría ha sido encomiable estos años, pero hay otro pilar: el económico. Según Rizal es el que ha permitido "que no todas las especialidades médicas aparezcan en Urgencias y un abuso en la hospitalización de día". De hecho, en 2011 el hospital envió a casa el mismo día de la operación a tres de cada cinco pacientes y batió el récord de cirugía ambulatoria en España.
Pero, una eficaz política de márqueting permite vender como un éxito que el paciente tenga que irse a casa tras la operación. Del alma económica, el resultado es elocuente. Desde su implantación la unión de empresas formada por Adeslas, Ribera Salud y dos constructoras se han repartido unos 30 millones de euros en beneficios, 11 en plena crisis, cifras que los gestores del hospital consideran "muy moderadas".
El actual gerente, Manuel Marín, que acaba de cumplir cinco años en el cargo tras sustituir a Alberto De Rosa en 2007, rechaza que el objetivo de la empresa sea el lucro económico a costa de abaratar la atención sanitaria porque el pago capitativo -619 euros por habitante en 2011- lo marca la Administración "que controla el nivel de calidad y el margen de beneficio para la empresa queda limitado por contrato", asegura.
Durante años no se escatimaron medios porque Alzira recibía las miradas de todo el sector sanitario. Pero los primeros ejercicios dejaron pérdidas. La Generalitat rescató la concesión -la actual vence en 2018- y convocó otro concurso para gestionar el departamento entero, que el grupo liderado por Adeslas también se adjudicó en 2003. "No les salió bien el negocio y fue una especie de derrama que pagamos entre todos, con dinero público", afirma Josep Tomás.
La protesta de Madrid repite idénticos discursos que ocuparon portadas en la Ribera. Sindicatos y partidos de izquierda creen que la privatización deja un derecho fundamental a expensas de un negocio y el PP defiende que el modelo es más eficaz que el público porque comporta un ahorro del 30%. Igual que Zaplana en 1996, el presidente madrileño, Ignacio González, ya ha dicho que seguirá adelante.
