El Ayuntamiento de Carcaixent ha embargado en los últimos meses ayudas de emergencia social y subsidios a vecinos que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Con ello busca compensar deudas que éstos tenían con el consistorio por impagos de impuestos municipales que se encontraban ya en vía ejecutiva.
La situación se ha repetido al menos cinco veces en los últimos meses. La más reciente es el embargo -o compensación de deuda según el ayuntamiento- de una ayuda económica del departamento de Servicios Sociales de 120 euros. El perceptor adeudaba al ayuntamiento 1.357 euros de principal más recargos e intereses por recibos pendientes en vía ejecutiva y le acaban de descontar el 50% de la ayuda social. No es el único caso ya que existen otros cuatro en los que el ayuntamiento embarga una parte de la denominada Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación de la Conselleria de Bienestar Social que busca prestar un apoyo económico que permita favorecer la inserción sociolaboral de personas sin recursos suficientes para mantener un adecuado bienestar personal y familiar. Sin embargo, hay voces que apuntan a la posible ilegalidad del embargo de estas ayudas por parte del ayuntamiento porque en todos los casos están por debajo del salario mínimo interprofesional y ni siquiera son subvenciones que concede el consistorio, que en este caso realiza la labor de mediación, ya que la entidad pagadora es la Generalitat, aunque los fondos embargados acaban en las arcas municipales.
La concejal de Bienestar Social, Blanca Garrigues, aseguró que los técnicos avalan estas actuaciones porque están dentro de la legalidad y que estos embargos se realizan en cantidades muy pequeñas.
