El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alzira ha incoado diligencias previas contra la alcaldesa de Carcaixent, Lola Botella, a quien ha citado para que acuda a la sede judicial en calidad de imputada el próximo 30 de abril. El juez ha abierto un procedimiento por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según han confirmado fuentes jurídicas.
La imputación se realiza a instancias de la fiscalía de área tras conocerse que se han pagado facturas con dinero público por la defensa en procesos judiciales de la propia alcaldesa, varios concejales del equipo de gobierno y diversos funcionarios.
La fiscalía solicitó la imputación de la alcaldesa y la práctica de una serie de diligencias por al menos una veintena de facturas pagadas con fondos públicos por honorarios presentados por el abogado Salvador Ferrer, en los últimos años. Algunos de los procedimientos que se investigan son por la defensa de funcionarios municipales en procesos en los que ni siquiera era necesaria la presencia de abogado, aunque en todos los casos se presentaron facturas que fueron abonadas por el ayuntamiento.
Se da la circunstancia de que el abogado Ferrer, a quien el fiscal pide que se reciba declaración testifical, formaba parte de la lista electoral del PP que se presentó a las municipales de 2003. Además, su pareja, Inmaculada Albelda, también letrada, es compañera de despacho y formó parte de las listas. En la actualidad es concejal del PP.
Otra de las facturas investigadas, de marzo de 2007, corresponde a honorarios por la participación del letrado en un proceso por presuntos delitos de estafa y prevaricación en el que figuraban como querellados varios concejales del Ayuntamiento de Carcaixent. Los honorarios ascendieron a 21.984 euros y fueron cargados al erario público.
Las diligencias fueron incoadas por la fiscalía a raíz de una denuncia presentada por la concejal de Units per València (UxV), Ana Calatayud, que los comunicó por si de los hechos se desprendiera la posible existencia de delito.
