El borrador del informe que la Sindicatura de Comptes ha hecho sobre la gestión económica de Alboraia durante los años que gobernó Manuel Álvaro (PP) también hace referencia al uso que el ejecutivo hizo de los 23 millones que Grupo Mediterráneo adelantó por la urbanización de Port Saplaya por futuros beneficios y que ahora reclama al no haberse ejecutado el proyecto.

Según ha podido saber este periódico, el organismo fiscalizador -que podría presentar la versión definitiva de su informe sobre Alboraia el próximo mes de marzo- señala en el borrador que "los anticipos entregados no deberían haberse registrado como ingreso atendiendo al principio de prudencia, tal como señaló el interventor municipal en un informe de la cuenta general".

De esta forma, la Sindicatura se hace eco de las advertencias del interventor municipal sobre el uso del dinero entregado por la urbanizadora para diversos proyectos como el soterramiento del metro (al que se destinaron entre 8 y 9 millones, según el propio exalcalde popular) o para gastos de funcionamiento del ayuntamiento.

En declaraciones a este periódico, Manuel Álvaro reconoció la existencia de estos informes pero señaló que se trataba de simples "recomendaciones" y que su ejecutivo gastó estos 23,4 millones con conocimiento de la intervención municipal.

El borrador de la Sindicatura de Comptes da cuenta de como Grupo Mediterráneo Costa Blanca -con capital de la empresa de Enrique Bañuelos, Astroc, y de la familia Lladró- entregó anticipos a cuenta a cuenta de la empresa municipal Egusa por valor de 5 millones en el año 2005, y de 18,4 en 2009.

Explica también que una vez entregado el segundo anticipio la sociedad retiró los avales depositados y Egusa constituyó hipoteca unilateral de terrenos del sector UE 2 -ocupado en gran parte por un centro comercial- a favor de la urbanizadora por los 23,4 millones que había adelantado.

Según señala la Sindicatura, estos anticipos fueron contabilizados por Egusa como deuda a largo plazo por 18,747 millones y con ingresos de ejercicio por 4,6 millones. El órgano al que el cuatripartito solicitó estudiar la gestión económica del anterior gobierno del PP recoge uno de los informes de intervención en el que advierte de que los 4,6 millones entregados no debería haberse registrado como ingreso por el principio de prudencia y, en consecuencia,la deuda con Grupo Mediterráneo debería incremetarse en esa cantidad con cargo a los fondos propios.