La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a partir de un dossier de presuntas irregularidades aportado por el grupo municipal MOVE de Llíria sobre las actividades de la Agencia Municipal de Información y Asesoramiento para la Gestión Urbanística (Amigu), una oficina del consistorio edetano que dejó de funcionar en agosto de 2011.
Los representantes de MOVE -Movimiento Vecinal- de Llíria, cuya cabeza visible en el consistorio es la concejala Elena Jiménez, ha mantenido varias entrevistas con uno de los fiscales valencianos a los que ha facilitado documentación sobre al menos 7 PAI -Planes de Actuación Integrada- desarrollados por el equipo de gobierno popular, entre los que figuran actuaciones de suelo residencial -para urbanizar núcleos más o menos consolidados-, y en suelo industrial, entre otros el polígono comercial denominado ST 1, que también está recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana.
Entre las prácticas presuntamente irregulares que ha denunciado ante la fiscalía MOVE y que explica Elena Jiménez, destacan una serie de "preadjudicaciones a agentes urbanizadores" en un conjunto de PAI, que se tramitaron en Amigu y en los que los vecinos "recibían cartas de adhesión gestionadas desde esta oficina municipal". A juicio de esta formación en la oposición, "el hecho de que la Administración local, a través de Amigu, imponga una lista de empresas para que los vecinos "elijan", siendo que esta elección sólo se basa en un precio por metro cuadrado, sin compromisos respecto a opciones de financiación, ni análisis de la calidad técnica del precio ofrecido, es una manera de preadjudicar las obras a las empresas que componen la "lista Amigu"".
Si bien, confirmó la regidora, "se han denunciado estas irregularidades ante la Fiscalía AntiCorrupción y se están investigando, es bien sabido que los procesos judiciales son largos y costosos, y aunque concluyan favorablemente a efectos de Hacer Justicia, las consecuencias para los vecinos de este pueblo valenciano serán irreparables, pudiendo llegar al embargo de la vivienda", recalcó. De momento, los expedientes gestionados por la Oficina Municipal, solicitados en el ayuntamiento por la concejala de MOVE, "se encuentran en paradero desconocido", según su versión.
Nuevo PAI y más quejas
Paralelamente, MOVE se hizo ayer eco de nuevas quejas de un grupo de vecinos de la urbanización Monteblanco que solicitaron el inicio de un PAI hace unos meses y que, según indican los responsables de esta agrupación vecinal, "ahora entienden que no es el momento para ponerlo en ejecución pues por su situación económica no se lo pueden permitir". El PAI de Monteblanco "va a imponer unas cuotas desorbitadas a los vecinos de la zona". En números redondos, para una parcela mínima de 600 metros, "las cuotas que tendrá que pagar su propietario durante 7 meses serán de alrededor de 2.400 ? al mes", subrayan las mismas fuentes del movimiento vecinal. Todo ello, supone unos costes que pocos propietarios "se pueden permitir". Para el Movimiento Vecinal Camp de Túra, el equipo de gobierno del PP de Llíria "sigue actuando como si la crisis no afectara a sus vecinos, aprobando e iniciando procedimientos urbanísticos que van a llevar a más de una familia al desahucio".
