Un millón de metros cuadrados de suelo para urbanizar. 2.000 puestos de trabajo directos. Un presupuesto de 46 millones de euros. Un nexo de unión entre el puerto valenciano y la industria del interior. Fue en 2004 cuando Fernando Giner, diputado, expresidente de la diputación y exalcalde de Vallada, comenzó a hablar de Valpark como un polo de atracción empresarial en un enclave «estratégico», una puerta para inversores europeos, una solución al declive del tejido industrial del interior. Ocho años después, el gran proyecto de la era Giner es un agujero de dinero público soterrado sobre unos terrenos que no presentan actividad y que ni siquiera se llegaron a urbanizar. El actual alcalde, el independiente Vicente Perales, no duda en apuntar que el parque ha supuesto «la ruina del pueblo». En 2011, cuando entró en el gobierno, desplazando al diputado del PP de la política local, se encontró con una deuda acumulada de más de 20 millones de euros como consecuencia de la quiebra del proyecto. El presupuesto anual del ayuntamiento es de 2,5 millones. «El proyecto empezó mal y acabó peor. Para un pueblo como Vallada, de menos de 3.000 habitantes, supone casi la quiebra», afirma.

Perales tiene que gestionar un legado que no deja de ser foco informativo y que ha generado más de una decena de pronunciamientos judiciales, cada cual más gravoso para los intereses del municipio. El más reciente, del Tribunal Superior de Justicia, condena al consistorio a pagar 500.000 euros a dos propietarios que fueron expropiados por las obras del parque. El equipo de gobierno estima que, en total, deberá abonar entre 5 y 6 millones de euros adicionales a los más de 15 propietarios de los terrenos afectados, después de que el Tribunal de la Expropiación declarara ilegales las mediciones efectuadas en 2008 porque el suelo fue tasado muy por debajo de su valor real. El nuevo justiprecio multiplica por tres al que en su día marcó la corporación

Respaldo total del Consell. En el parque logístico de Vallada está enterrada el 70% de la inversión industrial del Consell desde 2009. La Generalitat del entonces expresidente Francisco Camps apadrinó el proyecto mediante una operación por la cual adquirió 115.000 metros cuadrados en un momento de devaluación del suelo, a razón de 1,42 millones de euros más otros 3,87 millones por las cuotas de urbanización (en total, 5,3 millones). El Sepiva, ente público que gestionaba la promoción industrial del Consell, está hoy en disolución. Su inversión más importante de los últimos años es un proyecto quebrado.

Subasta sin éxito. El impago de las cuotas urbanísticas que debían satisfacer las tres urbanizadoras que compraron suelo en Valpark, Mafort, Coperfil Group y Ardeas Saguntum propició toda la serie de despropósitos que vinieron a continuación y la suspensión indefinida del proyecto cuando sólo se habían ejecutado un 30% de los trabajos previstos. Las tres empresas adeudan más de 15 millones de euros al ayuntamiento. En julio de 2012, el consistorio optó por embargar todo el suelo que habían adquirido en el parque ante las nulas expectativas de cobro. Poco antes, la corporación había acordado resolver el contrato con la sociedad a la que adjudicó la gestión global del parque logístico en 2008, la UTE Ferrovial Guerola. Los responsables de las mercantiles, en 2011, llegaron a declarar a este diario que se habían sentido «engañados» por las autoridades locales, al no ver un euro de lo prometido. Valpark volvió a salir a subasta en 2012, abierto a pujas de inversores extranjeros y por 11 millones de euros. Cerrado el plazo para presentar ofertas, nadie se interesó por reflotar un proyecto que ya se da definitivamente por naufragado.

Litigios con la UTE. Los mayores esfuerzos del equipo de gobierno se centran ahora en recuperar los 5 millones de euros entregados indebidamente a la UTE Ferrovial Guerola en concepto de indemnización por la resolución del contrato de las obras. La oposición censuró al alcalde por acordar con la UTE, a espaldas de la corporación, un pago de 3,3 millones de euros a las empresas por una serie de obras de mejora pactadas que nunca llegaron a ejecutarse. Perales defendió la transferencia escudándose en una sentencia del juzgado de primera instancia que, en 2010, condenó al ayuntamiento a pagar ese dinero, acusando al anterior gobierno de introducir en el contrato una cláusula engañosa y lesiva para los intereses de la adjudicataria. Meses después de que el alcalde firmara los pagos, sin embargo, el TSJ se pronunció revocando la decisión del juez que falló en 2010, instando a la corporación a reclamar la devolución del dinero por las mejoras porque comportaba un «enriquecimiento ilícito» para las empresas, que han recurrido ante el Supremo. El actual ejecutivo trata de cumplir la sentencia declarando lesivos los pagos para recuperar los 5 millones de euros abonados, junto a otros 300.000 euros que pagó de más a Ferrovial-Guerola por una serie de «errores de contabilidad». Un informe reciente ha revelado que las firmas percibieron mucho más de lo que les tocaba a través del Plan de pago a proveedores de Hacienda.

Un ayuntamiento ingobernable

­La bronca política ha ido aparejada al proyecto del parque empresarial de Vallada hasta instalarse como algo cotidiano en el pueblo. La deuda que arrastra el ayuntamiento de Valpark, de más de 20 millones de euros, impidió la aprobación de su plan de ajuste en 2012. El Ministerio de Hacienda lo rechazó, alertando de que la corporación no era capaz de garantizar su viabilidad con los ingresos de los que dispone. El alcalde, Vicente Perales, veterano militante del PP, mano derecha de Fernando Giner en otros tiempos, terminó formando un partido independiente por sus diferencias con el expresidente de la diputación y arrebatándole la vara de mando en 2011, tras más de dos décadas en el sillón consistorial, gracias a un pacto «contra natura» con el PSPV-PSOE. Una vez retirado Giner de la política municipal, Perales, sin previo aviso, rompió su acuerdo de gobierno con los socialistas nueve meses después para alcanzar un nuevo pacto, esta vez con el PP. Pese a ello, no duda en cargar contra el anterior gobierno, a quien acusa de dejarle un «marrón muy grande» como herencia y de «arruinar el pueblo» con la gestión de Valpark, un proyecto que, afirma, «comenzó mal y acabó peor». Sus socios de gobierno tampoco ahorran críticas contra él. Los populares, que no terminan de perdonarle su «traición» a Giner, han amenazado en más de una ocasión con retirarle la confianza.