La Congregación del Sagrado Corazón de Godella ha comunicado a la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que no acepta ninguna de las fórmulas de pago en especie ofrecidas por el ayuntamiento para afrontar la sentencia del Tribunal Supremo, que condena al consistorio al pago de alrededor de 16 millones de euros por la expropiación del bosque del colegio conocido como parque de la Devesa, que instaron las propias religiosas hace años al estar calificada la zona como red primaria de dotaciones en el Plan General de 1990.

En las alegaciones enviadas al juez que contestan a la propuesta municipal aprobada en pleno por el tripartito PSPV, EU y Compromís, la orden religiosa propietaria del colegio concertado exige que el magistrado requiera al ayuntamiento para que aporte un plan económico financiero para el pago de la cantidad adeudada, pues "así es de justicia". El justiprecio del terreno dotacional expropiado alcanzó los 11,7 millones, a los que hay que sumar los intereses generados desde el fallo judicial del TSJ de julio de 2009.

El ayuntamiento, con un presupuesto anual de 9 millones de euros, alegó la imposibilidad del pago en metálico y ofreció hasta cuatro alternativas que pasaban por eliminar la calificación del suelo como espacio público, quitarla parcialmente donde no exista arbolado, así como la constitución de una reserva de aprovechamiento urbanístico en los sectores urbanos 25 y 26 por desarrollar. Asimismo se ofrecía la adjudicación de la parcela edificable propiedad del consistorio.

Pero las religiosas quieren dinero contante y sonante que salga de los presupuestos municipales de varios ejercicios, porque advierten que la propuesta del pleno es "inadecuada y carece de rigor, dicho sea con el mayor de nuestros respetos". Las alegaciones consideran que las opciones del ayuntamiento son "indeterminadas" porque no concretan ni la superficie ni indican si el nuevo destino del suelo permitiría un uso dotacional privado. Además califican el acuerdo del pleno de "aleatorio" porque requiere de aprobación posterior según la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

A su vez la congregación concluye que la propuesta debe ser rechaza por ser "manifiestamente contraria a derecho", porque esa imposibilidad del pago de los 16 millones se produce por la "total falta de previsión de la corporación". Y es que las monjas entienden que el consistorio ya debía prever al menos 5,3 millones en los presupuestos, pues ese es el precio que fijó el mismo ayuntamiento en 2006 y en las cuentas de 2013 sólo se destinan 151.622,01 ? a expropiaciones.