La aparejadora de Turís procesada por archivar infracciones urbanísticas a cambio de dinero ha aceptado una condena de seis meses de suspensión de empleo y sueldo y una multa de 2.250 euros. La acusada, que ha sido defendida por el abogado Carlos Barbas, se enfrentaba a una petición de condena de nueve años y medio de cárcel y dieciséis años de inhabilitación por los delitos de cohecho, estafa continuada e inducción a la falsedad documental. La arquitecta técnica ha sido finalmente condenada por un delito de fraude en el ámbito de la Administración Pública. La Fiscalía ha retirado la acusación contra otro aparejador y un particular (para los que pedían sendas penas de dos años) tras asumir la condenada toda la responsabilidad.
El juicio se iba a celebrar mediante un tribunal del jurado el próximo martes, pero ya no es necesaria la vista oral tras admitir la imputada los hechos. La aparejadora también ha devuelto los más de tres mil euros que cobró irregularmente.
La condenada ejercía como aparejadora e inspectora de obras en el Ayuntamiento de Turís. Según la acusación, la funcionaria realizó una visita a la vivienda que se estaba construyendo el particular que ha sido absuelto y tras comprobar que las obras se realizaban en suelo no urbanizable sin licencia redactó un informe proponiendo la apertura de un expediente de restauración de la legalidad. En base al informe, el Ayuntamiento de Turís abrió el oportuno procedimiento.
La acusada presuntamente indicó al particular que si pagaba 2.500 euros el expediente se archivaría, obteniendo el certificado de un arquitecto que dijese que la vivienda tenía más de cuatro años.
El ministerio público también imputaba a la acusada un presunto delito de estafa continuada al considerar que se aprovechó de un extranjero que tenía que abonar una multa y éste supuestamente le pagó 500 euros por la multa que debía evitar que le derribaran la piscina. El fiscal también argumentaba que la acusada le cobró a otro hombre que no tenía estudios 200 euros por un certificado de primera vivienda y que, una vez percibía el dinero por sus engaños, realizaba informes favorables.
En cualquier caso, fuentes próximas a las pesquisas indicaron ayer que la aparejadora solo ha sido condenado por un delito del artículo 437 del Código Penal por fraude en el ámbito de la Administración Pública.
