La Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente ha remitido un informe en el que expone las razones por las que considera "jurídicamente inviable" la propuesta formulada a finales de julio por los alcaldes de las cinco comarcas integradas en el Consorcio de Residuos (COR) solicitando la paralización de las infraestructuras programadas en este territorio. Según ha adelantado el departamento que dirige Isabel Bonig, tras examinar la petición, los servicios jurídicos de la conselleria han puesto en cuestión la legalidad de los argumentos planteados en la moción apoyada por numerosos municipios de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, el Valle de Ayora y la Safor que, rebelándose a la junta de gobierno y por mayoría, solicitaron una moratoria en las inversiones comprometidas en el área de gestión. Desde el área de Calidad Ambiental han señalado a este diario que "no se puede echar marcha atrás" a los proyectos iniciados, como es el caso de la planta prevista en Llanera de Ranes, valorada en 100 millones de euros. Las mismas fuentes insisten en que el Plan de Residuos en vigor "no se puede modificar" y que la posibilidad de mandar la basura fuera de las cinco comarcas de forma indefinida, como pidieron los alcaldes en julio, "contradice" la normativa autonómica en vigor, que obliga a contar con instalaciones propias para tratar y eliminar la basura. Bonig sólo deja al Consorcio de Residuos la opción de "abaratar al máximo los costes" ante las protestas por la subida impositiva que ha traído aparejada el nuevo modelo de gestión de la basura.

Debate abierto en el COR

Parra convocará esta semana una asamblea urgente para explicar el contenido del informe -que ayer aún no había recibido y rehusó entrar a valorar- así como para debatir la hoja de ruta a seguir a partir de ahora. Durante el mes de agosto, el presidente ha mantenido una batería de reuniones con diferentes alcaldes para acercar posturas ante la última y polémica asamblea, en la que un grupo de alcaldes del PP se amotinó y, con la abstención del representante de la Generalitat en el COR, sacó adelante una moción que dejaba en el aire la gestión de seis años en la entidad y pedía un giro en la forma de trabajo.