Condenan a Gata a pagar 841.000 € a la promotora de un PAI que acabó en fiasco

02.11.2013 | 01:29

La juez advierte de que el consistorio, al no contestar en plazo, reconoció por silencio administrativo el exceso de obra que exigía la urbanizadora - Cuarenta propietarios deben también indemnizar a la empresa

El Ayuntamiento de Gata de Gorgos no ha dado una a derechas en el programa urbanístico de les Sorts. La cadena de errores empezó cuando en 2002 el entonces gobierno del PP aprobó el PAI y siguió durante la alcaldía socialista de José Diego. El actual gobierno de Ana María Soler, de nuevo del PP, no ha arreglado nada. Al contrario, ha cometido un traspié administrativo que al consistorio y a otros 40 propietarios les va a salir muy caro.

El Juzgado Contencioso Administrativo de Alicante, en un fallo del pasado 1 de octubre, condena al ayuntamiento y a los otros propietarios a pagar a la urbanizadora, la empresa Mirador del Sol, S. L., 841.871 euros de la «retasación de cargas» del PAI. La sentencia anula el acuerdo de la junta de gobierno que rechazaba que la mercantil tuviera derecho a reclamar excesos de obra y revisiones de precios. También revoca la «liquidación de relaciones» entre el urbanizador y el ayuntamiento. La juez afea al consistorio que rompiera con la empresa «al margen de cualquier procedimiento y sin ningún tipo de tramitación previa». Advierte que el ayuntamiento ni siquiera le dio opción a alegar.

El gobierno local sale muy mal parado. La magistrada argumenta que la empresa ya tenía todas las de ganar cuando el ayuntamiento, en 2010, dejó pasar el plazo para contestar a su reclamación de retasación de las obras. La petición de revisar al alza los trabajos de reurbanización se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 12 de abril de 2010. El consistorio no dijo ni mu. El 31 de mayo acabó el plazo. Por fin, respiró el consistorio y el 1 de julio concedió audiencia al urbanizador. Pero ya era tarde. La empresa y también ahora la juez entienden que ese «silencio administrativo positivo» significa aceptar una por una todas las reclamaciones de la empresa.
El consistorio, según ha podido saber este diario, ya ha recurrido la sentencia ante el TSJ.

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