El alcalde de Sueca, Salvador Campillo, declaró ayer en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital de la Ribera Baixa. La primera autoridad municipal testificó en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación al haber firmado diversas resoluciones en 2011 por las que se efectuaban contrataciones de personal realizadas de manera presuntamente irregular. Los documentos iban, en todos los casos, diligenciados por el secretario en aquel momento, o la persona que en algún caso le sustituyó en sus funciones. La denuncia había sido presentada ante el Fiscal Superior por Pau Codina, en representación del colectivo local de Els Verds del País Valencià. El juzgado número 2 de Sueca también tomará declaración del que fuera secretario del ayuntamiento en el momento de firmarse las resoluciones. Lo hará por exhorto ya que reside en otra comunidad autónoma.

A la salida, Campillo declinó entrar en detalles, aunque manifestó encontrarse «tranquilo». «He dicho lo que hay, ya está, no pasa nada», dijo. Sus palabras ratifican las que pronunció el pasado sábado en declaraciones a este periódico, cuando expresó tener «la conciencia muy clara y muy tranquila».

En esa ocasión el primer edil explicó detenidamente el contenido de las seis resoluciones, que ahora le han llevado a declarar ante la Justicia. Fundamentó una de ellas, relativa a la renovación del ingeniero municipal, en una cuestión de necesidad del propio ayuntamiento, y otras tres en casos de riesgo de exclusión social, «que iban acompañadas por el preceptivo informe del departamento municipal de Servicios Sociales».