El fiscal ve malversación en las obras que los técnicos de Mislata no localizan

El Ministerio Público responsabiliza a los dos ediles del PP por firmar pagos por valor de 250.000 euros

25.11.2013 | 10:44

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ve indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos en la actuación de los actuales vicepresidentes del PP de Mislata, Gloria Alonso y Vicente López Sinisterra, durante su etapa como miembros del equipo de gobierno de Manuel Corredera. Según confirmaron ayer fuentes del Ministerio Público, el pasado 23 de octubre el fiscal encargado del caso remitió para la apertura de juicio oral a los juzgados de Mislata los resultados de la investigación penal abierta tras la denuncia del ayuntamiento contra López Sinisterra y Alonso (esta última, concejal en la actual corporación) por la imposibilidad de acreditar la existencia de una docena de obras urbanas y de mobiliario por los que una empresa facturó al consistorio al menos 250.000 euros entre 2007 y 2009.
Según acredita el informe técnico que el actual gobierno socialista de Carlos Fernández Bielsa remitió el pasado mes de mayo a la Fiscalía Anticorrupción, fueron los entonces ediles populares de Obras Públicas y de Parques y Jardines quienes autorizaron con sus firmas los pagos a esta empresa radicada entonces en Benetússer, cuyo responsable ha rechazado hacer declaraciones a este periódico.
Tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, en marzo Bielsa solicitó a la oficina técnica expedientes, informes y memorias valoradas de quince proyectos impulsados por el PP en 2007, el coste de los cuales no superaba los 35.000 euros. Se trata de reformas, canalizaciones, vallados, alumbrados, renovación de aceras y reasfaltado de calles que deberían haber sido controladas por esta oficina.
La respuesta del arquitecto municipal fue que sólo dos de estos proyectos -la reforma de un almacén y la ampliación del vallado del cementerio-, se ejecutaron bajo control de los funcionarios. Los otros 13 proyectos se hicieron "sin control de la oficina técnica" o, directamente, "no consta" su existencia. Pese a ello, las facturas que presentó la supuesta constructora -y que ha estudiado el ministerio público- fueron abonadas con la firma del entonces edil de Obras Públicas, Vicente López Sinisterra.
Entre los proyectos sin control o conocimiento de los técnicos que la fiscalía considera sospechosos, está la canalización de la red enterrada e iluminación de la zona de picnic del parque de la Canaleta, actuación por la que la empresa le facturó al consistorio 24.517 euros pese a que el arquitecto municipal no certificó que la factura se ajustara a lo realizado.

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