La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia, Pilar de la Oliva, aboga por trasladar el juzgado de lo penal de Alzira a Valencia. Así se lo hizo saber ayer al secretario del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, argumentando que no puede permitir la situación de colapso de esta sala que atiende a los partidos judiciales de Alzira, Xàtiva y Ontinyent ni que, debido a la misma, puedan prescribir procedimientos.

Ferrer coincidió con De la Oliva en los juzgados de Alzira, que la presidenta del TSJ visitó ayer en el ejercicio de sus funciones, y al comentar con ella la propuesta de traslado de la sala de lo penal número 15, ésta se mostró abiertamente partidaria argumentando también que la administración no tiene dinero para destinar más recursos a una sala colapsada. La escasez de personal y las continuas bajas no cubiertas lastran el funcionamiento de este juzgado de lo penal que atiende a más de 80 pueblos de tres comarcas y al que en el año 2009 ya se asignó un segundo magistrado de refuerzo. Ubicarlo en Valencia permitiría distribuir la carga de trabajo que soporta entre todas las salas.

La junta de jueces de lo penal se reunió ayer para analizar la propuesta del juez decano de Valencia que plantea el traslado de la sala de lo penal de Alzira o, en su defecto, liberarle de la ejecución de sentencias para reducir la elevada carga del trabajo, aunque no ha trascendido el resultado de la reunión. Fuentes del TSJ señalaron que una vez se firme el acta en los próximos días se podrán dar a conocer las conclusiones. Con todo, la junta de jueces es sólo un órgano consultivo y la decisión última corresponde al Consejo General del Poder Judicial previo pronunciamiento de la Sala de Gobierno del TSJ.

Fuentes consultadas explicaron que la saturación del juzgado de lo penal número 15 con sede en Alzira está provocando que, mientras los juzgados de Valencia realizan señalamientos a dos meses vista, la espera en esta sala es de un año ya que ha empezado a realizar señalamientos para 2015. Agustín Ferrer comentó que De la Oliva le había comunicado que no iba a permitir que prescribieran procedimientos y que, junto al factor económico, era el argumento que expuso para justificar el traslado de una sala saturada. Desde el Colegio de Abogados de Alzira indicaron ayer que por no asumir la Administración el gasto de mantener esta sala en condiciones, «lo trasladará a los ciudadanos» que se verán obligados a desplazarse a Valencia.