La Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent adoptará hoy en una votación secreta los acuerdos posiblemente más importantes de su historia reciente junto a la decisión de instalar el riego localizado. La junta de gobierno pretende sacar adelante una propuesta de privatizar la gestión adjudicando la concesión a una filial de Aguas de Barcelona por un período de veinte años, lo que ha generado la oposición de una parte de los regantes que reclaman como paso previo a cualquier acuerdo que se realice una auditoría económica de los últimos siete años y otra de las obras de modernización y que entienden que este modelo incrementará los costes un 21%.
Los críticos ya forzaron el domingo anterior que la votación tanto de la externalización de la gestión, como de las auditorías -la junta de gobierno no se niega, pero plantea una fórmula que los críticos consideran que sólo busca ganar tiempo- y sobre la destitución del presidente fuera secreta, aunque al no disponer de la infraestructura se suspendió la junta general, que hoy se retomará con los mismos comuneros.
Con los ánimos caldeados
Los nervios están a flor de piel, como se evidenció el jueves cuando un grupo de socios que rechaza la privatización se personó en la inauguración del centro de distribución, que contó con la presencia del vicepresidente del Consell, José Císcar, y recriminó al presidente, Aurelio Hernández, que no hubiera hecho extensiva la convocatoria a todos los comuneros. Éste increpó a los críticos y se fue.
Hernández defiende que la externalización es la mejor forma de garantizar el futuro de la entidad y sólo admite un aumento de costes de explotación del 11% ya que, según asegura, el otro 10% corresponde al IVA que un 72% de los comuneros se puede desgravar.
