La coalición Compromís de Burjassot, que ostenta la alcaldía de la ciudad, denuncia que el centro dotacional de la avenida Ausiàs March, cuyas obras finalizaron hace un año, sigue sin funcionar. Dos plantas con entradas independientes a cada una de ellas y una cubierta constituyen la estructura de este inmueble financiado con 2.084.895 euros del Plan Confianza de la Generalitat y todavía por inaugurar. Desde la coalición afean al Gobierno valenciano «la lentitud en las gestiones para abrir el centro» y «la imagen de abandono que, paradójicamente, empiezan a mostrar las nuevas instalaciones».

Tras años de reivindicaciones, el Ayuntamiento de Burjassot logró que el Consell construyera este edificio destinado a usos de carácter social. Primero, no obstante, hubo que demoler una obra a medio construir que llevaba más de 20 años paralizada y a continuación, en el solar resultante, se levantó el centro dotacional. Su planta baja -que dispone de una amplia zona para talleres, despachos, cocina y comedor- ya está asignada al Centre Ocupacional El Renàixer desde 2012. En junio de ese año el alcalde, Jordi Sebastià, y usuarios de este centro para personas con discapacidad intelectual visitaron las instalaciones -muy avanzada su edificación- con el ánimo de «estrenarlas pronto»

Por otra parte, el primer piso del edificio debería albergar durante el presente ejercicio escolar la línea en valenciano del Sant Joan de Ribera mientras duren las obras de rehabilitación y ampliación del colegio, todavía pendientes, a las que la Conselleria de Educación se comprometió en las negociaciones que mantiene con el ayuntamiento desde el verano.

Sin embargo, a fecha de hoy, las puertas del centro dotacional de Ausiàs March -es decir, dedicado a servicios públicos- permanecen cerradas. Por ello, desde Compromís se preguntan «cuándo piensa la administración autonómica entregar las llaves de las nuevas instalaciones al consistorio para poner en funcionamiento el proyecto». Asimismo el partido político sospecha que la demora en la apertura del centro se deba a la «falta de fondos del Consell para pagar a la empresa constructora, cuyo accionista principal [Enrique Ortiz], dicho sea de paso, declaró como imputado en los casos Brugal y Gürtel».