Más de 200 vecinos protestan contra el pago de 16 millones reclamados por las monjas de Godella

Exigen soluciones que eviten «la ruina del pueblo» si se ejecuta la sentencia de la expropiación

09.02.2014 | 02:02
La marcha avanzó por las principales calles de Godella ayer por la mañana.
La marcha avanzó por las principales calles de Godella ayer por la mañana.

Godella es un municipio anclado en la incertidumbre desde que, en octubre de 2012, el Tribunal Supremo condenó al ayuntamiento a pagar a las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús 16 millones de euros por la expropiación del bosque de un colegio del que son propietarias, delimitado como parque público en el PGOU. Más de 200 vecinos salieron ayer a la calle para reclamar una solución negociada al litigio, que amenaza con llevar a la quiebra a un consistorio que pasa el año con un presupuesto de 9 millones de euros, después de que la congregación de monjas haya instado al juez a adoptar acciones para ingresar la deuda. «No podemos pagar». «No a la ruina del pueblo». «Queremos soluciones». La consignas. Las consignas coreadas en la marcha dejaron patente el temor a las consecuencias de la ejecución de la sentencia. La manifestación fue convocada por una asamblea ciudadana y recorrió las principales calles de la localidad hasta desembocar en el Parque de la Dehesa, una pinada de 26.000 m2 que origina el litigio.

El consistorio aprobó el Plan General en 1990 y calificó el jardín del colegio como zona urbana para crear un parque público. En 2001, y al no llegar a ningún entendimiento con la administración local, la congregación propietaria pidió una indemnización por la expropiación del terreno al amparo de lo dispuesto en la Ley del Suelo de 1976. Después de pasar por distintas instancias judiciales, el Tribunal Supremo confirmó un justiprecio de más de 11,7 millones de euros por una pinada que el consistorio valoraba en poco más de 5 millones. Sumando intereses, el coste para las arcas municipales se cifra en más de 16 millones de euros, una cantidad inasumible cuyo pago inmediato y en metálico reclama la congregación, que hasta ahora ha rechazado las propuestas de acuerdo presentadas por el consistorio, a falta de responder a la última: un plan económico y financiero aprobado el pasado martes y diseñado por el gobierno tripartito local (EU, Compromís y PSPV) que aboga por abonar alrededor de 200.000 euros anuales a las religiosas durante 62 años, además de la entrega de parcelas urbanizables y un inmueble por valor de 3,5 millones. La idea ha sido trasladada al juez, sin muchas expectativas de que la congregación la acepte.

Deuda «irreal» e «ilegítima»
«Esta es una deuda ilegítima e injusta que hipoteca al pueblo de por vida». José Albert, portavoz de la asamblea ciudadana justifica así la convocatoria de ayer. «El precio exigido no se corresponde con el coste real de mercado del suelo hoy en día, sino con el los años del boom inmobiliario. El pago está fuera del alcance de este ayuntamiento», explica Rafael Ribera, arquitecto municipal y redactor del PGOU que ha motivado el conflicto. «La normativa nos obligaba a determinar esos 22.000 m2 para zona verde, pero la última ley Aznar del suelo dejó a los ayuntamientos indefensos». Las monjas reclamaban inicialmente 33 millones por la expropiación de los terrenos. Los vecinos piden soluciones como la dación en pago o que se condone la deuda para evitar la quiebra municipal «No ha habido manera de alcanzar una solución pactada.

La sentencia supondría la práctica desaparición de los servicios públicos en este pueblo y los ciudadanos no están dispuestos a una cosa así», sostiene Salvador Soler, exalcade y concejal del gobierno en la actualidad. «No queremos que se pague la deuda, porque aunque sea legal, no es justa y le costaría 1.500 euros a cada ciudadano de Godella. El pueblo ni quiere el parque ni puede entrar en él. Que se lo quede la congregación», añade Remedios Cataluña, otra portavoz del movimiento vecinal. A partir de mañana, la asamblea ha convocado concentraciones diarias frente al colegio del Sagrado Corazón, a las 16 horas. El PP, que se ha posicionado en contra de las movilizaciones, aseguró que la de ayer no contaba con la autorización de Delegación de Gobierno. La marcha transcurrió con normalidad, con la supervisión de la policía y sin incidentes.

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