El sorpresivo registro del Ayuntamiento de Llíria en busca de documentos urbanísticos, por parte de cuatro agentes del equipo de delitos económicos de la Guardia Civil durante la jornada del martes, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, no es un episodio aislado. Es un capítulo más dentro de una serie de litigios y conflictos sociales y políticos que tienen el urbanismo como trasfondo, y que enturbian la paz del equipo de gobierno del PP y del pueblo. La justicia ha puesto su punto de mira en el urbanismo de Llíria, y, en particular, en la gestión, adjudicación y ejecución de los Planes de Actuación Urbanística (PAI) puestos en marcha bajo los tres mandatos del popular Manuel Izquierdo, alcalde y responsable último; y de Reme Mazzolari, concejala del área y teniente de alcalde.
¿Pleitos?. El polígono comercial, ST 1, ubicado en la salida hacia Benissanó, está actualmente en un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia, tras ordenar el TSJ que se investigue el modo en que se adjudicaron las obras de urbanización. Los propietarios pleitean contra el consistorio y el urbanizador. El UE-33 Vergel de San Miguel, un PAI residencial que aún no se ha acabado, está también en el contencioso-administrativo. Aquí vecinos y ayuntamiento litigan contra la empresa constructora.
El SR-28 Residencial Maimona (Sector Golf), del PAI Coto Catalá, que preveía la construcción de un campo de golf y más de 2.000 viviendas, está paralizado. En 2013, junio, el Tribunal Supremo fallaba a favor de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Llíria. Anulaba la sentencia del TSJ, que había invalizado la aprobación y adjudicación del PAI.
A todo ello, hay que añadir cómo se ha enturbiado el debate político municipal. Por ejemplo, MOVE, el grupo movimiento vecinal, ha llevado a la Fiscalía una serie de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en la Agencia Municipal de Información y Asesoramiento para la Gestión Urbanística (Amigu). El dossier de MOVE ha motivado el registro del martes y ha provocado la apertura de una nueva causa en un juzgado de Llíria.
Por su parte, Mazzolari ha amagado varias veces en público con querellarse con los concejales de la oposición Compromís, EU, PSPV y MOVE por lo que considera injurias. La última en enero cuando estos 4 grupos promovieron una moción de reprobación contra ella en el pleno. Antes, hace 2 años, esta concejala fue imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa, en una adjudicación que supuestamente podría favorecer a su esposo. En este litigio fue absuelta por un auto de sobreseimiento en 2013 aunque todavía no hay sentencia firme al respecto. Eso sí, el tema ha sido aireado por la oposición en diversos foros.
Otro comunicado ayer
Ayer, finalmente, el equipo del PP dirigido por Manuel Izquierdo, volvió a advertir en un comunicado público que, tras la incursión de la Guardia Civil, tomará medidas legales: «Para clarificar y zanjar el aluvión de acusaciones falsas, descalificaciones e intentos de descrédito injustificado que durante años se esta soportando respecto a la gestión municipal».
