La fecha del 31 de mayo está marcada en rojo en los colegios privados y concertados. A partir de ese día, y con carácter retroactivo desde el 22 de diciembre pasado, comienza a aplicarse el Real Decreto-ley 16/2013 mediante el cual el Gobierno ha incluido en la base de cotización de los asalariados todas las retribuciones en especie. Esto obliga a las empresas a cotizar a la Seguridad Social el 30,9 % y a los empleados el 6,35 % por cheques de comida, ayudas de guardería, seguros médicos y otros conceptos.
Esta normativa, por la que el Gobierno prevé recaudar 900 millones, ha encendido todas las alarmas en la enseñanza privada y concertada. La gran mayoría de las mejoras sociales que los trabajadores de este sector tienen reconocidas por convenio son retribuciones en especie hasta ahora exentas de cotizar. Entre ellas destacan la escolaridad gratuita de los hijos de los empleados, el comedor y transporte y los seguros de accidentes y responsabilidad civil.
El rechazo a las nuevas cotizaciones ha unido a toda la enseñanza privada, patronales y sindicatos, que exigen al Gobierno que excluya a este sector del citado real decreto ya que según fuentes de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade), la principal patronal de la privada no subvencionada, «al sector educativo privado le supondrá desembolsar 300 millones de euros, un sobrecoste totalmente desproporcionado respecto al resto de sectores».
Fuentes de Acade-C. Valenciana advierten que las nuevas cotizaciones «van a destrozar completamente a los colegios en un tiempo de crisis en que los precios están ajustados al límite». Estiman que a la mayoría de centros privados valencianos les supondrán entre 150.000 y 200.000 euros al año, «algo que es inasumible para muchas escuelas, que se verán abocadas al cierre».
La principal patronal de la privada concertada, la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), asegura que el decreto «va a ser una catástrofe». Fuentes de Feceval señalan que la medida llega «en un momento delicadísimo, pues la Conselleria de Educación adeuda 6 meses de gastos de funcionamiento y el módulo de concierto lleva 4 años congelado, por lo que la capacidad para obtener recursos es muy limitada». Desde la Unió de Cooperatives d´Ensenyament Valencianes (UCEV), insisten en la asfixia de la concertada: «El módulo de concierto, que no se ha actualizado ni siquiera al IPC, no cubre el coste de la enseñanza y ahora tenemos que afrontar unos sobrecostes por ayudas sociales que estamos obligados a prestar».
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria entre los docentes de la privada, sostiene que esta medida«es innecesaria y perjudicial». En principio debería ser positiva para los trabajadores, pues incrementa su base de cotización, lo que sucede es que percibirán menos sueldo en metálico al tener que cotizar un 6,35 % por las retribuciones en especie. Además, pagarán más IRPF al contabilizarse todo en la nómina.
