Los abusos en el campo siguen a la orden del día. Las continuas denuncias de sindicatos que advierten de situaciones laborales cercanas a la esclavitud se cuentan a decenas, pero la situación no mejora. Son los propios agentes sociales quienes advierten de que la administración autonómica podría hacer bastante más para atajar este tipo de situaciones, que se repiten con insultante frecuencia, según aseguran.

Levante-EMV ha tenido acceso a uno de esos contratos laborales, una especie de liquidación por horas, emitido por una empresa de trabajo temporal (ETT). El empleado ejerció durante diez días como peón agrícola en la comarca de la Ribera, trabajando en el campo prácticamente de sol a sol. El líquido a percibir era de 65,90 euros. Según el documento, en poder de este diario, el salario no superaría los siete euros por jornada.

H. es la inicial del nombre de pila del afectado, que es inmigrante, pero este diario no ofrece más datos sobre su identidad para evitar que se le reconozca. Por ese mismo trabajo que realizó durante diez días, según el documento que se recoge en esta misma página, hubiera cobrado unos 200 euros mensuales. El afectado asegura que es consciente de que esa cantidad de dinero recibida no se compadece ni por asomo con el trabajo realizado, pero no sabe donde acudir ante lo que considera un abuso por parte del contratante.

Recientemente, el sindicato UGT señalaba que la precariedad laboral en el campo alcanzaba ya cotas históricas en la Ribera por el empeoramiento de las condiciones laborales a la que tienen que enfrentarse los peones agrícolas, que en época de campaña ejercen como «collidors».

El responsable de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT, Manolo Bono, cifró entonces en un 50% los índices de economía sumergida que alcanza el sector. Bono aseguró que más de la mitad de los 20.000 collidors que trabajan en la Ribera lo hacen en precario. El documento pone datos a esa situación. UGT asegura que es habitual que a un trabajador que debería ganar 70 euros por jornada, le paguen 20, es decir menos de la tercera parte de lo que le corresponde y que esos abusos se extiendan de forma irremediable a la cotización o a la cobertura de baja por enfermedad. El sindicalista asegura que si un trabajador en estas condiciones se pone enfermo se queda sin cobrar y que si protesta «a la mañana siguiente ya no acude a trabajar».

Además, los sindicatos han denunciado en reiteradas ocasiones que cuando acuden a la Administración a denunciar estos abusos, no obtienen ninguna respuesta y que incluso los responsables públicos han desatendido la invitación de los sindicatos de acudir a los puntos donde habitualmente se concentran los trabajadores que luego se emplean en el campo por parte de estas empresas.